Conde-Pumpido Varela, en una imagen de archivo
Investigación
Conde-Pumpido Jr. eludió a la juez de guardia y acabó ante una magistrada amiga al alegar problemas psíquicos
La magistrada al frente del juzgado, el día de los hechos y posterior detención, no llegó a tomar declaración al hijo del presidente del TC. El abogado solicitó asistencia sanitaria y acabó, 24 horas después, ante una magistrada muy próxima a su familia
El pasado viernes 3 de noviembre, el conocido abogado madrileño Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional, fue detenido después de que una joven brasileña lo denunciase a él y a otros dos amigos más por una presunta agresión sexual grupal.
Según han confirmado a este medio fuentes judiciales, los funcionarios de guardia del Juzgado de Instrucción número 32, encargado del día 3 de noviembre, según el cuadrante de guardias previsto semestralmente, estuvieron esperando toda la noche a que Conde-Pumpido pasase a disposición judicial. Pero no fue así.
El motivo que, tras su detención policial, y antes de su puesta a disposición judicial, Conde-Pumpido Jr. alegó fue un supuesto problema psíquico, que necesitó de atención hospitalaria y propició que el caso recayera, finalmente, el domingo, en manos de una de las dos jueces sustituta del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, la magistrada María Isabel Durántez, próxima a la familia Conde-Pumpido.
Tal y como adelantó El Debate en exclusiva, la jueza decidió dejar en libertad provisional tanto a Conde-Pumpido como a los dos amigos que le acompañaban durante los hechos. Cabe recordar que la magistrada Durántez, antes de incorporarse a su actual puesto en la judicatura, fue alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en concreto, directora general de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento. Asimismo, fue directora general de Interior de la Xunta de Galicia en el bipartido gallego que presidió el también socialista Emilio Pérez Touriño.
Según confirman a este medio fuentes presentes durante la noche de la detención, Conde-Pumpido no pasó a disposición judicial el viernes 3 de noviembre porque el atestado policial no estaba finalizado, trámite previo sin el cual el juez no puede resolver sobre la situación procesal del detenido, ni decretar la admisión de las medidas cautelares que, en este caso, instó la Fiscalía en forma de una orden de alejamiento que no fue admitida. El plazo legal máximo para concluir las diligencias, y la privación de libertad, es de 72 horas en total.
Los turnos de las guardias judiciales
Los turnos de las guardias judiciales están preestablecidos de manera semestral para los fiscales y anual para los jueces y magistrados, en un cuadrante de horarios y reparto al que tienen acceso todos los operadores judiciales, incluidos los Letrados (LAJ) y el personal administrativo del Juzgado. Por lo tanto, los turnos están siempre cerrados con varios meses de antelación. Es decir, aunque no corresponde al detenido la elección del magistrado instructor, sí es posible que el hecho de que se prolongase el trámite policial previo, en base a la indisposición de Conde-Pumpido Jr. pudo facilitar que María Isabel Durántez fuese la encargada de tomarle declaración.
No en vano, todos los magistrados de Plaza Castilla tenían la información de a qué Juzgado correspondía cada jornada de aquel fin de semana. Y, en ese día 5, además del juzgado de instrucción número 44 había otro de guardia para detenidos. Así las cosas, la causa tenía un 50 % de probabilidad de recaer ante la magistrada Durántez.
Al hijo del presidente del Tribunal Constitucional se le investiga por un presunto delito de agresión sexual contra una mujer de origen brasileño que, en contra de las informaciones iniciales que apuntaban a que podría tratarse de una trabajadora sexual, ha negado que la relación sentimental que mantenía con Conde-Pumpido Jr. desde hacía unas semanas se basase en un intercambio económico.
Según denunció la joven al equipo de la UFAM de la Policía Nacional de Madrid, en un primer momento, los jóvenes la habrían forzado a mantener relaciones sexuales no consentidas, una negativa que verbalizó en varias ocasiones. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad que Conde-Pumpido Jr. tiene instaladas en su domicilio, según la juez Durántez «desvirtúan» la versión dada por la mujer que, en declaraciones posteriores, dejó fuera de la práctica sexual a los dos amigos.
Los hechos que están siendo investigados tuvieron lugar en el domicilio de Conde-Pumpido Varela y aunque los vídeos presentados por la defensa del acusado no «desacreditan» la denuncia por sí solos, la magistrada María Durántez dictó auto de puesta en libertad, sin medidas cautelares, aunque continúa investigando lo ocurrido. La víctima mantiene su denuncia.
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