El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la entrega de la Memoria Anual en el Palacio de la Zarzuela
Poder Judicial
El CGPJ afea al fiscal general un uso «espurio» de su cargo tras ascender a Delgado y asumir el 'lawfare'
Para el máximo órgano del Poder Judicial no es admisible la «inactividad» el titular del Ministerio Público en la defensa de los fiscales señalados por el procés
La «idoneidad» de Álvaro García Ortiz para continuar al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha quedado, definitivamente, en entredicho con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, por mayoría absoluta en el Pleno de este pasado jueves, rechazaba su propuesta como candidato continuista a propuesta del Gobierno. El dictamen emitido por el máximo órgano de los jueces considera que ha hecho un uso «espurio» de su cargo, que compromete su apariencia de «imparcialidad» y la «neutralidad» que debe mantenerse en la institución garante de la legalidad, frente a los intereses del Ejecutivo.
El CGPJ ha afeado sus «actos propios» a lo largo de un informe de 12 páginas para descartar su designación de nuevo en el puesto, durante cuatro años más. Para ello, el Pleno se ha apoyado en su dudosa política de nombramientos discrecionales, a partir del varapalo recibido del Tribunal Supremo (TS) sobre el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala, incurriendo en «desviación de poder». En cómo ha impuesto criterios erróneos a la Carrera, como con las posiciones de la prescripción de los delitos de terrorismo en el caso del secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco o en las instrucciones sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.
O, y no menos importante, su «inactividad» en la defensa de los fiscales del procés frente a las acusaciones de lawfare a las que se han visto sometidos por cierto sectores políticos de la izquierda y el separatismo, como las razones fundamentales para descartar su designación en el puesto, durante cuatro años más.
El CGPJ considera que García Ortiz cumple con los dos requisitos formales para asumir las competencias de fiscal general -ser un jurista de reconocido prestigio y contar con más de 15 años de experiencia profesional- pero descarta la concurrencia de los «criterios de oportunidad». «El hecho de haber desempeñado ya el propuesto el cargo de FGE nos autoriza, en realidad nos obliga, a tomar en consideración su actuación en la fase previa», dice el texto al que ha tenido acceso El Debate.
El informe detalla que una de las razones para rechazar la candidatura de García Ortiz es su «deficiente gestión de la FGE». En concreto por su política de nombramientos discrecionales, al considerar que «no se ha actuado con la idoneidad necesaria que el ejercicio de tan altas potestades se confieren», conforme «pone de manifiesto la reciente sentencia de la Sala Tercera del TS».
La alusión del CGPJ a la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría del escalafón, como fiscal de Sala, concretamente de la Sala de lo Militar del Supremo, se basa en la nada desdeñable afirmación del fallo: que García Ortiz incurrió en una «desviación de poder» por promocionar a su predecesora como premio a su etapa al frente del Ministerio Público.
El CGPJ reprocha al fiscal general que «no tuvo reparo alguno para designar como fiscal de sala a persona con la que existía, cuando menos, un pacto tácito de 'do ut des'», «a modo de gratitud» y «en correspondencia con un pretendido deber institucional, pese a reconocer que legalmente dicho nombramiento no era el legalmente procedente».
Además, apunta que, si el fiscal general actuó así en el destacado caso de Delgado, «cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o, aún peor, de inferiores categorías, pero que por su cantidad quizás sean de más relevante trascendencia». No en vano, hace ya varios meses, este periódica desvelaba cómo la política de nombramientos de Delgado y García Ortiz había supuesto las veces de agencia de colocación para favorecer a los asociados de la entidad profesional a la que ellos mismos habían pertenecido antes de entrar en política.
«Demora» en el cumplimiento judicial
El CGPJ se ha referido, en este sentido, al específico nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala coordinador de la Unidad de Menores, que se llevó a cabo a propuesta durante la etapa de fiscal general de Delgado, pero que fue anulado hasta en dos ocasiones por el Supremo y que tras la última, el pasado julio, ya con García Ortiz al frente del Ministerio Público.
Un escenario en el que el fiscal no tuvo reparo en «demorar la ejecución de la sentencia firme» durante «más de cuatro meses» para que, finalmente, fuese el ministro de Justicia recién designado, Félix Bolaños, el que tomase la iniciativa. «Y ello sin contar que, en su cómputo global, se ha permitido que durante más de tres años y medio haya venido desempeñando la importante plaza de fiscal de sala quien por dos veces se ha considerado inidóneo», añade el CGPJ.
En al misma línea, el CGPJ atribuye a García Ortiz «desidia» a la hora de acatar la sentencia del Supremo sobre Delgado. A juicio del Consejo, al anularse su ascenso a fiscal de Sala, no puede seguir siendo fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cargo que ocupa actualmente y en el que se mantiene tras se fallo.
Agencia de colocación de la UPF
En lo tocante a la política de nombramientos discrecionales, el CGPJ también sostiene que la actuación de García Ortiz «adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia», reprochándole en particular que se haya promocionado mayoritariamente a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto él como Delgado, y que ha conseguido 22 de los 33 cargos adjudicados en este año que lleva como FGE.
El Consejo pone de relieve que la UPF «cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera» fiscal, por lo que «del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66,6% de los cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en una categoría superior».
No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo
Frente a ello, solo «5 lo han sido de la Asociación de Fiscales, la cual cuenta con 630 asociados (es decir, del 23% de la carrera se han nombrado el 15% de los cargos discrecionales) y 4 de los no asociados, que son el mayor porcentaje de la carrera (970), lo que supone haber designado a solo el 12% a los que representan el 40%».
«Concluir de esas magnitudes que los miembros de una concreta asociación minoritaria tienen ese grado de excelencia y que los que no pertenecen a ninguna asociación merecen un ostracismo para acceder a la cúpula judicial requiere una justificación muy reforzada que nunca se ha realizado», afea el CGPJ.
«Absoluta inactividad» contra el lawfare
Otra de los argumentos del CGPJ en contra de la confirmación de García Ortiz es su «absoluta inactividad» frente a las acusaciones de lawfare contra los cuatro fiscales del procés pese a su expresa petición de amparo. Una reclamación a la que se adhirieron un total de 18 fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.
El Consejo ha denunciado en su dictamen que «en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial, ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al, eufemísticamente denominado, 'conflicto catalán'».
«Y no solo por representantes de la pretendida opinión pública sino, sobre todo, por instituciones y cargos públicos, sacando del ámbito jurídico lo que nunca debió salir de ese ámbito: cuando, por todo argumento, la actuación de la Fiscalía, ni fue determinante ni mereció reproche alguno por los juzgados y tribunales que conocieron de los respectivos procesos», apostilla.
Para el CGPJ, «el corolario de esa actuación hostil ha encontrado su máxima expresión en el reproche tan soez como interesado de haber actuado en base a 'lawfare'».
«Ante esa situación y siendo el FGE el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio», le recrimina que la actuación de García Ortiz ha sido «no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas».
«Hay ejemplos concretos que así lo evidencian, porque las asociaciones de fiscales han instado del FGE que se pronunciara en defensa de la carrera y nada se hizo», sostienen la mayoría de vocales del Consejo.
La polémica del 'sí es sí'
Por último, el CGPJ se ha referido a cómo que entre las competencias del fiscal general está imponer criterios de actuación y que el fijado para la conocida como ley del 'solo sí es sí', «de tan convulsa vigencia como de fuerte polémica social y jurídica», sufrió una «importante corrección por los tribunales y por el mismo Parlamento».
En este punto, recuerda que «el criterio impuesto», «contrario al que se sostenía por la mayoría de las fiscalías, ha sido considerado improcedente por la jurisprudencia de la Sala Segunda del TS», que el pasado junio avaló las rebajas de pena en aplicación de la ley más favorable al reo.
«Incluso, dicha ley orgánica debió ser reformada (...) y no precisamente en el sentido que se ordenaba» en la circular dictada por García Ortiz, completa el Consejo General del poder Judicial.
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