El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Consejo Fiscal
Críticas a García Ortiz por ponerse de perfil con la amnistía que prepara Sánchez: «Desautoriza a los fiscales del procés»
Como adelantó El Debate, Alvaro García Ortiz se negaba a debatir sobre la emisión de un comunicado del Ministerio Público acerca del futuro 'borrado' penal de los separatistas catalanes
No es que «el sólo anuncio de la amnistía para delitos gravísimos -algunos de corrupción- cometidos bajo la plena vigencia de la Constitución de 1978», sea un escándalo sino que la misma implicaría «consecuencias muy serias para el Estado de Derecho en España» y «supondría una rectificación a la actuación del Ministerio Fiscal, a cargo de numerosos procesos penales que estarán afectados, y, entre ellos, el que determinó la condena de algunos dirigentes del denominado 'procés' en Cataluña, y una evidente desautorización de los fiscales del caso», critican desde el Consejo Fiscal quienes no entienden la negativa del fiscal general a pronunciarse sobre esta cuestión.
Y es que, Álvaro García Ortiz rechazó, hace unas horas, la propuesta planteada en el turno de ruegos y preguntas por el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, para debatir sobre la necesidad de que el Consejo Fiscal, en tanto en cuanto máximo órgano de la Fiscalía que nace para la defensa de la legalidad en nuestro país, se pronunciase sobre una posible ley de amnistía del procés -tal y como avanzó en primicia El Debate-.
García Ortiz alegó que este tipo de cuestiones no entran en el marco de competencias previstas para el Consejo Fiscal. Sin embargo, quienes no coinciden con dicho planteamiento recuerdan al titular del Ministerio Público que se trata del principal órgano representativo de la Carrera Fiscal. Y que, por lo tanto, «tiene una vertiente derivada de esa representación que no puede cercenarse».
«Ha habido varias declaraciones institucionales a lo largo de los tiempos por el Consejo Fiscal, relacionado con cuestiones profesionales», recuerdan las voces que afean al fiscal general su actitud. Una posición que tampoco les pilla por sorpresa porque, hace ya un año, García Ortiz «impidió que el Consejo Fiscal reclamara un presupuesto propio, algo esencial para la Fiscalía, con el mismo argumento que ahora» para descartar el comunicado sobre la amnistía.
«Deficiente motivación» de las comisiones de servicio
El Consejo Fiscal previsto para este jueves lo estaba, aparentemente, en términos netamente informativos. No en vano, el hecho de que el fiscal general que lo preside esté cesado, junto con el Gobierno que lo nombró, desde la convocatoria de elecciones generales del pasado 23-J, limita en esencia las capacidades que tiene conferidas en circunstancias normales. Se habían previsto, pues, la comparecencia de la jefa de la Secretaría Técnica, para presentar el Plan de Formación para el año 23-24; del fiscal jefe de la Unidad de Apoyo para comunicar los avances en materia de digitalización; y, también se comentaron las deficiencias del sistema de productividad, materia de la que habrá un pleno monográfico en noviembre.
Por su parte, el fiscal Jefe de siniestralidad laboral también compareció para dar cuenta de la reciente Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio Fiscal.
Fue en materia de los nombramientos previstos para varias comisiones de servicio de seis meses en la Audiencia Nacional y en Anticorrupción en los que sí se produjeron algunas diferencias. Así, mientras una parte de los vocales no veían razones para no respetar la antigüedad de los candidatos, como criterio a tener en cuenta para su elección, considerando, además que los currículos eran excelentes.
Sin embargo, no todos compartieron la misma visión lo que ha suscitado discrepancias sobre la idoneidad y adecuación del actual sistema por el que se motivan las votaciones en el seno del CF. «Los vocales motivan para apoyar a quien consideran el mejor, glosando los méritos que les adornan. Pero no se comparan méritos con los demás. Ese sistema, que es el mismo que los fiscales generales utilizan para motivar las propuestas de nombramiento, son una puerta abierta a la arbitrariedad», afirman desde APIF.
«El sistema correcto ha de ser comparar. Más aún, dado que la subjetividad es absoluta, hay que tomar como referencia el escalafón. Para descartar a los más antiguos yo creo que hay que explicar porque los de abajo son más valiosos o adecuados para el puesto. Y así con todos. No se hace así y lo lamento porque este sistema empobrece a la Fiscalía», subrayan desde la misma asociación profesional.
Así las cosas, para la vacante temporal prevista en la Audiencia Nacional resultó designada Raquel de Miguel Morante. Mientas que para las dos plazas en la Fiscalía Anticorrupción fueron designadas por el FGE María del Mar Scharfhausen y María Fátima Valencia. La primera de manera unánime: era la más antigua y «cuenta con un currículo impecable». La segunda con los votos de los dos vocales de la Unión Profesional de Fiscales (UPF), minoritaria en el Consejo, y el de las vocales natas que fueron designadas por la predecesora de García Ortiz en el cargo, Dolores Delgado.
Para el destacamento en el Tribunal de Cuentas se eligió a Gloria Alonso Ballesteros.
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