El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Justicia
Dudas en el Consejo Fiscal sobre los nombramientos en comisión de servicio de un fiscal general ya cesado
El Estatuto del Ministerio Público contempla que su máximo responsable cesa, en todo caso, con el Gobierno que lo haya propuesto
Con el arranque del Año Judicial y pese a la incertidumbre de la situación política, las instituciones judiciales han arrancado con su agenda de Plenos. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ahora, también, el Consejo Fiscal, han convocado sus cónclaves con la periodicidad habitual. Este último se reunirá, por primera vez desde junio, el próximo día 28 de septiembre a las 09:30 horas en una convocatoria ordinaria en la que, sin embargo, los vocales tendrán que debatir sobre la idoneidad de los posibles nombramientos propuestos por el ya exfiscal general Álvaro García Ortiz para sendas comisiones de servicio en la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.
Por una parte están quienes consideran que, con arreglo a la ley y en sentido estricto, García Ortiz, está cesado «desde el mismo momento en que cesó el Gobierno que lo designó» y, por lo tanto, «no tiene capacidad para asumir ninguna función correspondiente a su estatus» ni aún en las cuestiones «más básicas y aparentemente inocuas» del mismo. Cabe recordar que que el Estatuto vigente de la Carrera Fiscal «no contempla una situación en funciones o de interinidad» para el titular del Ministerio Público, subrayan algunas fuentes consultadas por El Debate.
Por otro lado están quienes entienden que «pese al vacío en las previsiones de la norma de funcionamiento» de los fiscales, para la situación actual, «el hecho de que el Ejecutivo que lo nombró siga en funciones podría ser asimilable» en este caso y, por lo tanto, «admisible plantear designaciones no permanentes» como lo son las comisiones de servicio que, con una duración de entre 6 y 12 meses, están llamadas a «cubrir ciertas vacantes o reforzar áreas que por su carga ordinaria de trabajo» necesitan incorporar a un fiscal «por un tiempo concreto y determinado» que «nada tiene que ver» con las asignaciones discrecionales para puestos indefinidos.
Sea como sea, el próximo jueves, en la sede de la FGE, en la madrileña calle de Fortuny, se debatirá sobre esta cuestión que afecta a los puntos sexto y séptimo del orden del día del Pleno cuyo contenido se trasladaba ayer a los miembros del Consejo.
A priori, nada que ver con la agria polémica que salpicó a García Ortiz antes de las vacaciones de verano cuando, tras perder «estrictamente» su cargo con la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23-J decidía despedirse de la Fiscalía General del Estado de la misma manera en que llegó a ella –tras la dimisión de su predecesora Dolores Delgado–, envuelto en críticas.
El titular del Ministerio Público aprovechaba el último Consejo Fiscal del 19 de junio, adelantado ex profeso, para designar escandalosamente a su mentora Delgado para cubrir la vacante de nueva creación de Memoria Democrática y colocar, de paso, a varios afines de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en puestos clave en el seno de la institución.
Según adelantó El Debate, en el mismo cónclave en el que la exministra socialista de Justicia era confirmada como fiscal de Sala, para una plaza creada a su medida, García Ortiz designó a Miguel Ángel Aguilar como responsable de la división de delitos de Odio y discriminación; a Julio Cano, como fiscal jefe Baleares; y, a Pablo Varela, hijo del conocido exmagistrado socialista del Supremo, Luciano Varela, al frente de la Fiscalía de Pontevedra. Los tres eran los aspirantes más modernos de los que se postularon para cada una de las plazas y tan sólo recibieron los votos de los vocales electos de la UPF y por los miembros natos del CF, afines a Delgado y García Ortiz pero en minoría dentro del órgano.
Y ello pese a que para cada una de las vacantes había perfiles «mucho más consolidados» que los que, finalmente, fueron designados por el fiscal general para hacerse cargo de las funciones correspondientes a los mismos. Una tendencia que, como ha venido publicando El Debate, ha sido la dinámica habitual de la Fiscalía General desde que pasó a manos de Delgado y de su íntimo amigo García Ortiz. Y que, por ejemplo, sólo en la Fiscalía de Menores ha acabado con una doble anulación del Supremo de la designación formalizada para el cargo concreto. Un «campo de minas» para el próximo responsable del Ministerio Público tras las elecciones generales del pasado mes de julio.
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