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24 de febrero de 2024

La ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el asesor del Tribunal Penal Internacional y ex juez Baltasar Garzón, posan a su llegada a unas jornadas organizadas por el colectivo ‘Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía’, en el Ayuntamiento de Catoira, a 10 de marzo de 2023, en Catoira, Pontevedra, Galicia (España). Bajo el lema 'Los caminos de la Memoria Democrática', el colectivo aborda la consideración de la iniciativa cívica a favor de la memoria que fue, y continúa siendo, "una muestra del poder de la sociedad civil en la reparación de las víctimas del franquismo en el ámbito territorial español" en el que, durante décadas, las personas comprometidas con esta causa y sus familiares lucharon por el reconocimiento y la reparación de las injusticias cometidas durante el régimen franquista.
10 MARZO 2023;MEMORIA HISTORICA;CATOIRA;GARZON;DOLORES DELGADO;MEMORIA;GALICIA;JUEZ;JUSTICIA
Álvaro Ballesteros / Europa Press
(Foto de ARCHIVO)
10/3/2023

La ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el asesor del Tribunal Penal Internacional y ex juez Baltasar GarzónEuropa Press

Tribunales

La Asociación de Fiscales recurre ante el Supremo el nombramiento de Delgado para Memoria Democrática

La entidad profesional mayoritaria acude en «defensa de la Carrera» para anular una polémica designación que Álvaro García Ortiz consumó pese a la oposición del Consejo Fiscal

Un recurso contencioso-administrativo ordinario ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el polémico nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. La Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) dará un paso al frente en los tribunales para «defender» a la Carrera ante la «vulneración» que, con esta designación –consumada por el fiscal general Álvaro García Ortiz, sucesor de Delgado en el cargo– afecta al «principio de imparcialidad» exigible a todos los miembros de la Fiscalía. No sólo por la presunta incompatibilidad de las funciones del puesto con los intereses profesionales del despacho de abogados del que es titular la actual pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón; sino, también, por el hecho de que se trata de una vacante creada a su medida y contemplada por una ley de la que ella misma fue impulsora.
No en vano, ambos escollos, que para algunas de las fuentes consultadas por El Debate constituyen «causa de abstención suficiente» para que Dolores Delgado hubiese declinado aspirar al cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática, fueron varios de los argumentos empleados por un Consejo Fiscal (CF) que informó, de forma casi unánime, en contra de su designación y a pesar de lo cual la elección fue formalizada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previa publicación del Real Decreto 461/2023, de 13 de junio de este mismo año.
De hecho, el malestar en el Pleno del CF que, como avanzó El Debate en exclusiva, se adelantó de manera extraordinaria para garantizar la toma de posesión de Delgado, antes de las elecciones del 23-J, fue el epicentro del terremoto que, una vez más, sacudió los cimientos del Ministerio Público, tras una decisión vinculada a la exministra socialista de Justicia durante el primer tramo de la legislatura de Pedro Sánchez.
El anuncio de la medida ha llegado cuando, todavía, está pendiente que el Supremo resuelva la impugnación cursada Luis Rueda, teniente fiscal de Cuentas y aspirante al puesto de fiscal de Sala de lo Militar del Alto, contra el Real Decreto que promocionó a la ex ministra a lo más alto del escalafón del Ministerio Fiscal tras su dimisión.

Contra los «vaivenes políticos»

«El Ministerio Fiscal es una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento se establecen directamente en la Constitución, preservando a la institución de coyunturales vaivenes políticos», reza el comunicado emitido, este miércoles, por la dirección de la AF.
«Esta garantía normativa de objetividad, imparcialidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal, en su función esencial de promoción de la justicia, puede verse menoscabada por decisiones que, si bien se presentan como formalmente correctas, desconocen y alteran el orden de principios y valores constitucionales que ha de presidir el funcionamiento y la actuación de los órganos superiores del Estado», continúa el texto.
Así las cosas, «con la interposición de este recurso, la AF cumple con su obligación de defender los intereses de la Carrera Fiscal ante las más que previsibles consecuencias que puedan derivarse del nombramiento impugnado, afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante en la organización del Ministerio Público».
Según ha podido saber El Debate, en el caso de que, finalmente, tanto en la cuestión de lo Militar como en la que, tras la decisión adoptada por la AF tendrá que resolver la Sala Tercera, «se anule la asignación de las plazas, ubicadas ambas en el mismo rango» abre, «como mínimo» un «debate jurídico inédito y muy complejo» sobre la «confirmación de su condición de fiscal de Sala, con independencia de su destino profesional concreto».
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