Las imágenes muestran diferentes acciones violentas de los CDR en Cataluña
La acusación de las víctimas del terrorismo eleva a 33 años las penas de los CDR que prepararon atentar contra 9 infraestructuras clave
En un escrito remitido al juez instructor, el despacho Fuster-Fabra Abogados ha pedido aumentar la solicitud inicial de la Fiscalía contra los procesados
Una tupida red de grupos y grupúsculos, «oficiales o extraoficiales a las autoridades políticas independentistas catalanas», actuaron de forma «organizada, coordinada y planeada para en un momento determinado, con sus acciones, subvertir el orden constitucional, alterar la paz social y crear un clima de terror e inseguridad en las calles de toda Cataluña y en especial de la capital, Barcelona».
Los CDR más violentos planearon y ejecutaron «cortes en las carreteras de Cataluña, obstaculizando el transcurso normal del tráfico y alterando la paz social», provocaron «vertidos de sustancias como aceite en la calzada para impedir el traslado de 9 presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners a Madrid para su enjuiciamiento, obstruyendo a la Justicia, o levantaron barreras de peaje» como forma de adulterar el normal funcionamiento de las instalaciones para la comunicación terrestre de la comunidad autónoma con el resto de España.
Éstas son algunas de las conclusiones del escrito de acusación presentado por el despacho de abogados Fuster-Fabra en nombre de cinco asociaciones de víctimas del terrorismo ante la Audiencia Nacional contra 13 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) por terrorismo. Un documento demoledor, al que ha tenido acceso El Debate, y que desgrana el modus operandi de dichos grupos pero, también, el papel concreto que cada uno de los acusados mantenía en el entramado.
El escrito pone de manifiesto que desde la creación de los CDR, en junio de 2017 hasta la actualidad, los mismos han experimentado una «profunda transformación» que ha afectado tanto a la propia estructura y organización de sus miembros, como a los objetivos y al tipo de acciones que debían llevarse a cabo para alcanzarlos. Y distingue fundamentalmente dos estructuras criminales: una de ellas de naturaleza delictiva terrorista y la otra dedicada a la fabricación de los artefactos y sustancias necesarios para poner en práctica la primera.
Los CDR, organización criminal
Los CDR, ante todo, «constituyen una organización independentista de carácter criminal», afirma el escrito de acusación, «dado que persiguiendo su objetivo de la secesión de Cataluña organizaban acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el territorio catalán».
«Mantenían una organización estable y permanente en el tiempo, configurada y sostenida por la conjunción de grupos e individuos con roles y funciones específicamente definidas que se relacionan a través de una jerarquía y coordinan entre sí, mostrando una unidad en la dirección y ejecución en sus acciones con el fin de cometer delitos», reza el escrito presentado por la acusación particular.
Equipo de Respuesta Táctica (ERT)
El ERT surge para alcanzar la independencia de Cataluña «por cualquier vía, incluidas las violentas», tal y como ellos mismos manifestaban. Se trataba de una comisión de menor tamaño y clandestina con gestión centralizada. «Han culminado su caracterización terrorista creando y desarrollando laboratorios clandestinos para la fabricación de sustancias y artefactos explosivos». Estos comprando todos los materiales necesarios para llevar a cabo dichas tareas y organizando al milímetro las acciones en las que pretendían hacer uso de esos elementos incendiarios y deflagrantes.
Han culminado su caracterización terrorista creando y desarrollando
laboratorios clandestinos para la fabricación de sustancias y artefactos explosivos, incendiarios y deflagrantes
Los objetivos en los que ponían el foco de su ira eran infraestructuras sensibles e incluso, personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han cometido atentados contra instituciones públicas de extremada relevancia como la ocupación a los ayuntamientos y la pretendida ocupación del Parlamento de Cataluña. Tal es así que, en varios de los manuales incautados durante los registros policiales que llevaron a las detenciones practicadas, se interceptaron hasta nueve instalaciones críticas que, para los CDR eran puntos calientes en los que activar sus planes terroristas.
De hecho, en el domicilio de varios de los procesados por su pertenencia a estas estructuras radicalizadas de los CDR se localizaron "siete transmisores-receptores portátiles,
auriculares para escucha y habla y cableado para la carga de los transmisores, alojados en bolsas en perfecto estado para su uso (...) y un receptor de frecuencia, capaz de aceptar y de modular una señal de radio frecuencia, a fin de obtener la información o inteligencia contenida en ella".
Este segundo era «utilizado habitualmente por las organizaciones criminales para escuchar las transmisiones de los cuerpos policiales y con ello conocer su posicionamiento y patrullas en servicio en la zona y llevar a cabo así sus actividades ilegales de forma segura», detalla el escrito planteado por la asociación catalana de víctimas de atentados terroristas.
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