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Legislación
Qué dice el artículo del decreto 'ómnibus' que inquieta a Junts por la amnistía
La norma podría frenar la polémica medida de gracia si un juez español presentara una cuestión prejudicial europea ante los órganos jurisdiccionales de la UE
Junts ha confirmado que no va apoyar la convalidación en el Congreso del decreto 'omnibus' (Real Decreto-ley 6/2023) porque la norma «pone en peligro» la aplicación de la amnistía para los líderes del procés. A los independentistas catalanes les inquita el artículo 103 del 'decretazo', que añade un apartado 43 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), la legislación procesal más importante en España.
La incorporación en la LEC del mencionado artículo amplía la regulación de la cuestión prejudicial europea, y supone que cuando un juez español, para emitir su fallo, necesite «una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión» deberá plantear un escrito «ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)». La cuestión suspenderá las actuaciones del procedimiento judicial hasta que el órgano comunitario responda y su resolución se incluya en el proceso.
La proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE indica que «el órgano judicial competente ordenará la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión». Así, antes de tomar esta decisión el juez correspondiente tendría la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial europea que añade el articulado del decreto del Ejecutivo, y en consecuencia el TJUE podría dictaminar que la polémica medida de gracia es contraria al ordenamiento jurídico de la Unión, lo que supondría que no se aplicaría la amnistía a Puigdemont y al resto de los beneficiados.
Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado 28 de diciembre que «no ha habido ninguna novedad en las cuestiones prejudiciales», por lo que los cambios legislativos no afectarían a la amnistía.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
«Se incorpora en este decreto porque es un compromiso adquirido por España para desembolsar 10.000 millones de euros. Lo que la Comisión solicita es que incorporemos al Derecho español esa jurisprudencia. Con toda claridad digo que no ha habido ninguna novedad en las cuestiones prejudiciales», recalcó Bolaños.
De esta manera, ahora la aprobación del decreto-ley, que se debate la semana que viene, depende del PP; ya que ni Junts ni el PNV van a votar a favor. Los 'populares' han recalcado que aunque todavía no han fijado la posición definitiva, el decreto vinculado a las medidas para afrontar la inflación –que incluye bonificaciones al transporte pero recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos– no es de su agrado.
«Vamos a exigir que esa bajada del IVA es una necesidad. No entendemos la falta de sensibilidad con las familias que peor lo pasan y el afán recaudatorio en un momento en el que hay un récord de recaudación. Estudiaremos con concreción el Real Decreto, pero nuestro posicionamiento es claro», apuntó la dirigente 'popular' Carmen Fúnez el pasado 27 de diciembre.