La ministra portavoz, Pilar Alegría, junto a los ministros Luis Planas (i) y Carlos Cuerpo (d)
En manos de Puigdemont
El Gobierno intenta contentar a Junts y negocia con él una fórmula distinta a multar a empresas
La ministra portavoz y el de Economía rechazan pronunciarse sobre la polémica petición de Puigdemont en plena recta final de las negociaciones para la convalidación de sus tres decretos ley
Hasta en cuatro ocasiones se negaron este martes la ministra portavoz y el nuevo ministro de Economía a responder si el Gobierno rechaza la polémica petición de Junts de sancionar a las empresas que no quieran regresar a Cataluña –de donde salieron durante el procés independentistas–.
Las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fueron claras, y hasta reiterativas. Pero tanto Pilar Alegría como Carlos Cuerpo respondieron una y otra vez con la misma evasiva: «Si algo ha caracterizado a este Gobierno es que es un Gobierno que da seguridad jurídica a nuestras empresas, siempre», en palabras de Alegría. «Un compromiso es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza, ahí los empresarios nos van a encontrar y esto no es una excepción», en las de Cuerpo.
Los quiebros dialécticos de ambos ministros tienen una explicación. El Gobierno no quiere contradecir ni enfadar a Carlos Puigdemont en las horas previas al supermiércoles parlamentario porque está negociando con Junts para sacar adelante la convalidación de los tres primeros decretos ley de la legislatura, de momento atascados por la negativa de Junts a respaldarlos. Parte de esas conversaciones versan sobre la posibilidad de que las empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña reciban incentivos fiscales si deciden volver.
Sin plan B a la vista
Y parece que las conversaciones van por buen camino, o esa sensación quieren trasladar en la Moncloa. De hecho, la ministra portavoz se negó a anticipar cuál será el plan B del Ejecutivo si alguno de los textos decae. Porque, según insistió, ellos no contemplan ese escenario.
Como ya contó El Debate el lunes, el desenlace más probable ha sido desde el principio que Puigdemont apriete pero no ahogue; que sus siete diputados finalmente se avengan a bendecir los tres decretos ley con su voto favorable o al menos su abstención. La cuestión es qué recibirá a cambio el partido independentista.
Ésta es ya la única posibilidad en la que trabajan en la Moncloa, donde dan por muerta la vía del PP, si es que acaso alguna vez estuvo viva. «Feijóo no tiene ninguna actitud negociadora. El PP tendrá que apechugar con su decisión», según fuentes gubernamentales.
Este lunes el PP confirmó dos llamadas del ministro Félix Bolaños a Cuca Gamarra para sondear su disposición a apoyar al menos el decreto anticrisis y otra más de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Borja Sémper. Sin embargo, según la versión del principal partido de la oposición, el Gobierno no llamó para ofrecer nada, sino para pedir su voto.
Preguntada al respecto, la ministra portavoz no quiso aclarar si los dos emisarios del Ejecutivo hicieron alguna oferta al PP. Simplemente destacó la falta de responsabilidad del partido de Alberto Núñez Feijóo por no apoyar sus decretos ley. «Estamos hablando de medidas que afectan a los ciudadanos de este país, independientemente de la ideología. Desde la oposición también se puede dar respuestas constructivas y positivas», zanjó Alegría.
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