El cadáver de Jesús María Pedrosa Urquiza, de 57 años, concejal del PP asesinado por ETA en junio de 2020 en Durango,
Tribunales
La Policía señala a 9 dirigentes de ETA por el asesinato del concejal 'popular' Pedrosa Urquiza
Un informe de inteligencia aportado por la Comisaría General de Información de Policía Nacional a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el asesinato a manos de ETA en junio de 2000 del concejal de PP en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa Urquiza señala que la cúpula de la banda terrorista dio a sus comandos «orden expresa» para el asesinato de políticos y concejales del PP.
Así consta en las conclusiones de ese documento de 271 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que recibió el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 el pasado 5 de enero y que vincularía con ese asesinato a la que era la cúpula (ZUBA) de la banda en esa época.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional acordó investigar la presunta responsabilidad de una decena de exdirigentes de la organización terrorista ETA en ese asesinato así como la posible responsabilidad de los mismos en la política de expulsiones forzadas en País Vasco.
Lo hacía tras admitir a trámite la querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia, que explicaba que Pedrosa Urquiza fue «una de las numerosas víctimas» de la «política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la ZUBA –el máximo órgano de dirección de ETA– bajo amenaza de muerte».
La Policía, tal y como ha sostenido en informes anteriores sobre la responsabilidad de la cúpula en diferentes atentados, indica en su informe que la banda era «una organización sumamente estructurada y jerarquizada en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño», que esa estructura era «muy cerrada y casi de naturaleza militar» y que básicamente era una «cadena piramidal (...) en la que regía una férrea disciplina».
«Las órdenes de cada responsable se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el Comité Ejecutivo», apunta.
Los 9 miembros de la cúpula
El documento señala que en la época del asesinato de Pedrosa Urquiza los máximos responsables de la banda al frente de los aparatos Militar, Logístico, Político, Internacional y Finanzas eran Javier García Gaztelu –alias Txapote– Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi, Ignacio Miguel Gracia Arregui, Asier Oyerzabal Chapartegui, Mikel Albisu Iriarte, Vicente Goicoechea Barandiaran, Ramón Sagarzazu Gaztelumendi y María Soledad Iparraguirre Guenechea.
Según el informe policial, ese Comité Ejecutivo «funcionaba de forma colegiada y en él se adoptaban las decisiones estratégicas y en ocasiones tácticas». «Esa función incluía no solo la determinación de la línea estratégica política y militar, sino también el diseño, la planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la orden o autorización de realizar los atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos», agrega.
Y explicita que «los objetivos específicos de las acciones terroristas eran señalados en ocasiones por la propia dirección, y en todos los casos los objetivos genéricos eran los que este órgano determinaba según la estrategia decidida, planificada y asumida como más adecuada».
El cadaver de Jesús María Pedrosa Urquiza, de 57 años, concejal del PP asesinado por ETA en 2000
El golpe de Bidart
El informe de inteligencia subraya que tras la detención del Comité Ejecutivo en Bidart en marzo de 1992, ETA realizó un debate interno que tuvo como resultado la aprobación en 1994 de una nueva estrategia ofensiva dirigida a conseguir «una confrontación mucho más intensa con el Estado» que la Policía define como «estrategia de desestabilización» y en la que la cúpula marcó como objetivos directos de su actividad armada mortal «los representante políticos por considerarlos responsables de la opresión de Euskal Herria, destacando a los miembros y líderes del Partido Popular».
Así, indica, el Comité Ejecutivo, a través del Aparato Militar, ordenó a sus comandos que tuvieran como objetivo prioritario atentar contra representantes políticos, especialmente del PP. Y señala que esto se demuestra en varias pruebas documentales y testificales relacionadas con varios de los comandos que actuaban en territorio nacional.
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En este sentido, concluye la Policía, Jesús María Pedrosa Urquiza «devino en objetivo de la organización ETA en su totalidad, y no solamente del comando ejecutor, por ser miembro del Partido Popular para la consecución de la desestabilización del Estado».
El informe se detiene además en explicar parte de la historia de ETA para indicar que tras el periodo inicial en el que la banda intenta «poner en práctica los esquemas de la guerra revolucionaria», sus acciones terroristas han estado orientadas, por un lado, a la eliminación o la reducción de la oposición en el territorio del País Vasco y Navarra «en lo que algunos autores denominan como control social», y, por otro lado, a «hacer insoportable para el Estado español el mantenimiento de su legalidad, lo que también denominan como guerra de desgaste».
Apunta en este sentido que los Pactos de Ajuria-Enea de enero de 1988, la manifestación de marzo de 1989 y la movilización de la ciudadanía frente a la violencia terrorista de ETA que se produce a partir de entonces fueron «las causas fundamentales para que la banda decidiera incrementar ese 'control social' merced a la socialización del sufrimiento a partir de 1995».
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