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29 de abril de 2024

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.EFE/JJ Guillén

Vox pide la reprobación de la ministra Ribera tras su ataque al juez García-Castellón

El partido de Abascal insta al Congreso a reconvenir al Gobierno «a fin de proteger la democracia y evitar la injerencia entre poderes»

El grupo parlamentario Vox ha solicitado este lunes a través del registro de una proposición no de ley la reprobación de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por su ataque al juez Manuel García-Castellón, que el pasado viernes pronunció unas polémicas declaraciones en una entrevista con las que venía a acusar de lawfare al magistrado de la Audiencia Nacional, que se había reafirmado ante la Fiscalía sobre la necesidad de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami.
En concreto, Ribera, al respecto, señaló en La Hora de la 1, que hay «personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno». En el texto en el que pide su reprobación, Vox subraya que «estas declaraciones se han realizado en el contexto de campaña orquestada» por el Gobierno para «blanquear» a los separatistas catalanes autores del golpe de Estado del 1-O y el «terrorismo callejero» anterior y posterior al referéndum.
«Ante la inadmisible campaña del Gobierno y de sus socios separatistas para minar y controlar a los jueces, es imprescindible que otro de los poderes del Estado reconvenga al Gobierno a fin de proteger la democracia y evitar la injerencia entre poderes», expresa el partido de Santiago Abascal.
Contra las palabras de Ribera no solo se ha posicionado la oposición, sino el mundo judicial en su conjunto. El Consejo General del Poder Judicial denunció que las declaraciones de la ministra «merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional», por lo que merecen un «rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».
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