Jesús Villegas, magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial
Perfiles Jurídicos
Jesús Villegas, magistrado: «Si Puigdemont regresa a España será detenido, con ley de amnistía o sin ella»
El juez, miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, analiza en exclusiva para El Debate, entre otras cuestiones, las consecuencias de las cuestiones prejudiciales contra la amnistía en Europa
Jesús Manuel Villegas Fernández, (Córdoba, 1969) ingresó en la carrera judicial por oposición libre en 1999 y tiene plaza actualmente en Madrid. Ha ejercido también destinos en Andalucía, País, Vasco y Castilla-La Mancha, lugares donde ha desempeñado funciones gubernativas como miembro de la Sala de gobierno y decano de Guadalajara. En este último partido judicial fue condecorado en 2015 por la Guardia Civil.
Ha escrito diversos libros y artículos, principalmente sobre investigación criminal, el último de los cuales, «El inquisidor esquizofrénico», ha sido publicado en 2021. Miembro de la Red Judicial Europea, ha intervenido en misiones internacionales (en Bulgaria, Argelia y Rumanía), además de en intercambios judiciales en Italia, Bélgica, Francia y Reino Unido, lo que le he permitido profundizar sus conocimientos de derecho comparado en materia de instrucción penal.
Ninguna acción del Gobierno, ni del Legislador, evitará los efectos suspensivos de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJJUE)
Desde el año 2011 es secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación dedicada a la despolitización de la Justicia que ha destacado por denunciar la corrupción jurídica, en especial los nombramientos de altos cargos judiciales, y por sus iniciativas ante organismos internacionales como Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea.
En el año 2013 promovió unas elecciones alternativas al Consejo General del Poder Judicial, como acto simbólico de protesta, en las que Villegas resultó el candidato más votado. También edita desde 2010 la revista digital Tempus Octobris dedicada a la difusión del Manifiesto que ese mismo año recibió la adhesión de más de 1.500 jueces. En 2021 fue galardonado por la Fundación Hay Derecho por su defensa del Estado de Derecho.
- Usted es uno de los autores de la primera guía para la presentación de cuestiones prejudiciales sobre la amnistía, ¿avanza usted que se van a producir?
- Las cuestiones se van a plantear, con guía a o sin ella. Criticar a los autores de la guía, un equipo colectivo de juristas de la Plataforma, es matar al mensajero, pues las cuestiones no son más que un instrumento jurídico preexistente al servicio de los órganos jurisdiccionales. Cada juez hará lo que crea más ajustado a Derecho, sin presiones ni influencias indebidas de nadie.
- ¿Significa eso que la retirada de la cuestión prejudicial del decreto del Gobierno sobre la Justicia no afecta a los efectos suspensivos de la misma?
- Ninguna acción del Gobierno, ni del Legislador, evitará los efectos suspensivos de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, simplemente porque los Estados miembros carecen de prerrogativas para modificar unilateralmente la normativa supranacional.
- ¿Considera que esta cuestión perjudica, especialmente, el regreso de los prófugos como Carles Puigdemont?
- Si Puigdemont regresa a España será detenido, con ley de amnistía o sin ella.
- ¿Incluso a pesar de la modificación a la carta del delito de terrorismo?
- Malabarismos retóricos aparte, la ley de amnistía sigue previendo su aplicación a los delitos de terrorismo. Dicho de otra manera, es una ley que beneficia a los terroristas, por mucho que quieran ocultarlo con cortinas verbales.
- Dicha reforma trata de salvar la instrucción del juez García Castellón que ha sido señalado desde el Gobierno por ello…
- Los ataques políticos contra el magistrado García Castellón son un desafío inaceptable a la independencia judicial ante el que la Plataforma muestra su completo rechazo. Otra cosa, que nada tiene que ver, es el legítimo debate sobre la ley de amnistía, sus enmiendas o reformas.
- ¿Cree que la aceptación del lawfare acabará con la separación de poderes en España?
- Algunos ignorantes que acaban de toparse con el término lawfare, y que ni siquiera sabe lo que significa, creen haber hallado el arma definitiva para amedrentar a los jueces. Son fantasías absurdas que no conducen a ninguna parte.
- ¿Los jueces son independientes e imparciales en nuestro país?
- Son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, tal como preceptúa el artículo 117 de la Constitución Española. Y quien sostenga lo contrario deberá demostrarlo. Basta ya de tirar la piedra y esconder la mano.
- ¿Ayudaría a mejorar esta percepción un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ que los nombran?
- Por desgracia, se confunde a los jueces españoles, que en su inmensa mayoría no tienen otra aspiración que hacer dignamente su trabajo, con las aspiraciones de una cúpula de gobierno politizada, una minoría de «políticos togados».
En cualquier caso, tal como exigen los principios normativos europeos, el Consejo General del Poder Judicial no debe ser elegido en su totalidad por los políticos, tal como sucede en la actualidad. Mientras persista esta anomalía, el Estado Español se halla en una situación de ilegalidad internacional.
- ¿Debería renovarse el Consejo a cualquier precio?
- Primero cambiar la ley, luego, renovar. Ahora bien, muchos están ansiosos por renovar cuanto antes, porque saben que es la única manera decolocar a los suyos en los puestos clave, de hacerse con esa prebenda a la que aspiran desde hace tanto tiempo. Son perfectamente conscientes de que, una vez que el Consejo General del Poder Judicial se configure conforme a las exigencias de la normativa europea y deje de adeudar su composición las cámaras parlamentarias, se acabaron las designaciones arbitrarias. La Plataforma ha elaborado una serie de informes muy influentes donde se evidencia hasta qué punto está viciado el actual sistema de nombramiento de altos cargos judiciales.
Mientras persista la anomalía de que el CGPJ sea elegido en su totalidad por los políticos, el Estado Español seguirá en una situación de ilegalidad internacional
- La Fiscalía, por su parte, ha cambiado la calificación de terrorismo en la causa de Tsunami, se ha puesto de perfil en el amparo a los jueces del procés en el Supremo y no confeccionará ningún informe sobre la amnistía, petición del Senado que se ocultó al Consejo Fiscal… ¿queda algo de independencia y defensa de la legalidad en la institución?
- Los fiscales españoles son profesionales intachables a los que rindo mi respeto y apoyo. Lo malo es que están atrapados en una estructura militarizada que los somete y no al imperio de la Ley, sino al de la política.
- ¿Reafirma esto su tesis sobre lo indeseable de que los fiscales asuman la instrucción penal como sostiene en su libro El Inquisidor Esquizofrénico?
- He leído los manuales inquisitoriales latinos y he estudiado procesos históricos de caza de brujas, en especial el de Zugarramurdi, el «Salem español». Y he comprobado con espanto que la entrega de la instrucción a una fiscalía que no fuese independiente equivaldría a retroceder siglos en las garantías procesales. Sea como fuere, la solución es muy sencilla, quien investigue los delitos, ya sea juez o fiscal tiene que ser «independiente» y no meramente «autónomo». Lo demás sería muy peligroso para la salud democrática de nuestro país.
- De 1 a 10, ¿cuál diría que es el nivel de credibilidad de las instituciones españolas?
- En la actualidad se publican encuestas de gran calidad técnica que miden esas y otras cuestiones de actualidad, por lo que no voy a entrar a puntuar nada. Sólo diré que los jueces cumplimos la Ley sin estar atentos a las encuestas, no somos políticos pendientes de la opinión pública para ganar votos.
- El Supremo ha anulado, recientemente, el ascenso de Dolores Delgado y la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. ¿Es el Poder Judicial la última esperanza del Estado de Derecho?
- El Poder Judicial es la primera y última garantía del Estado de Derecho, pero la esperanza la deposito en los ciudadanos, en los millones de españoles que han hecho de nuestra nación un gran país del que debemos estar muy orgullosos.
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