Nicasio Galván y Alejandro Gómez, presidentes provinciales de Vox Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife respectivamente
Crisis migratoria
Vox urge a atajar de raíz el problema de inmigración ilegal en Canarias: «Se pretende ocultar lo que está ocurriendo»
Nicasio Galván y Alejandro Gómez, presidentes provinciales de Vox en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, hablan con El Debate sobre la situación que padecen las islas ante una avalancha migratoria sin precedentes
La llegada de cayucos y pateras a las costas de Canarias no cesa. El archipiélago es la principal entrada de inmigrantes ilegales procedentes de África, y el número de personas que han entrado de forma irregular en las islas bate récords desde hace meses. Sin ir más lejos, durante la primera quincena del mes de enero, según datos del Ministerio del Interior, llegaron ilegalmente a Canarias un total de 3.480 inmigrantes.
Si se comparan estas cifras con las que se registraron en el mismo período del año pasado, el incremento es de un 800 %, dado que los primeros quince días de 2023 llegaron 371. El año se cerró con la entrada irregular de casi 40.000 personas en total, es decir, aproximadamente 8.000 más que las que lo hicieron durante la crisis de los cayucos de 2006. El archipiélago no conocía cifras tan altas desde entonces.
Llegada del cayuco al puerto de La Restinga (El Hierro)
Sobre estos datos alertan los dirigentes de Vox en Canarias, que asisten con preocupación a esta situación insostenible y piden atajar el problema de raíz. Nicasio Galván, presidente provincial del partido en Las Palmas, y Alejandro Gómez, en Santa Cruz de Tenerife, atienden a El Debate para analizar la realidad que se vive en las islas.
«Una cosa es lo que se vive en la calle y otra cosa es lo que se dice en medios de comunicación y los políticos», señala Galván, que denuncia que cuando Vox tratar de poner de manifiesto el problema se le silencia. Al otro lado del teléfono el presidente de Vox en Las Palmas de Gran Canaria cuenta a este periódico cómo a un vecino de la isla, un colombiano que lleva 20 años viviendo en el archipiélago, se le llamó racista por denunciar la situación de inseguridad que viven él y su familia porque la zona cercana al centro de acogida de inmigrantes Canarias 50 se ha convertido en una zona de prostitución, delincuencia, tráfico de drogas y robo. «Hay miedo, y el que te diga que no, miente», afirma cuando se le pregunta por las consecuencias de la inmigración ilegal en las islas.
«Los problemas de convivencia al lado de los centros de menas son conocidos por todo el mundo, y se intenta silenciar», critica Galván, que recuerda que el número de menores extranjeros ilegales asciende ya a 5.500, que cuestan 10 millones de euros mensuales a la comunidad canaria, y defiende que deben volver a sus países de origen junto a sus familias.
La isla de El Hierro recibió en 2023 cerca de 13.000 inmigrantes ilegales, más que su población. Solo en enero han llegado 3.650 personas en cayucos
«No existe la voluntad política de plantear este debate, y en el momento en el que alguien lo plantea, directamente se le descalifica, y de esa forma se acaba el debate», expresa, por su parte, Gómez, que cree que más que una dejadez del Gobierno, al que recrimina su gestión, lo que sucede es que «se pretende ocultar lo que está ocurriendo». El dirigente del partido en Santa Cruz de Tenerife pone especial acento en la situación crítica que sufre El Hierro: tiene una población de algo más de 11.000 personas y en 2023 llegaron aproximadamente 13.000 inmigrantes ilegales. La isla de hecho ha recibido en el mes de enero 50 cayucos con 3.650 inmigrantes, según comunicó este martes el Cabildo.
Esta avalancha trae consigo una serie de consecuencias para los vecinos, por ejemplo, a la hora de recibir atención en los centros de salud. «Los médicos tienen que asistir a los inmigrantes que llegan, como es lógico, pero claro, cuando esto ocurre de forma constante, empieza a afectar tambiénde forma constante» a la población que recibe a esos inmigrantes, señala Gómez. Una vez llegan a El Hierro y son atendidos, se procede a identificarles, un proceso que suele durar entre 24 y 48 horas, y después son trasladados de forma inmediata a los centros de acogida de Tenerife o Gran Canaria, donde no están detenidos sino que pueden entrar y salir con libertad.
Llegada de un cayuco al puerto de La Restinga (El Hierro) el pasado día 26 de enero
No obstante, se desconoce cuántas personas están allí. Alejandro Gómez explica que por ejemplo el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife) está en una zona que es «especialmente peligrosa», por ser una zona rural, tanto para los inmigrantes, que se mueven por la carretera con poca o ninguna iluminación, como para los vecinos, que se sienten inseguros al dejar su casa para ir a trabajar mientras les observan cómo se van.
Vox cree que trasladar a los inmigrantes que llegan a Canarias a otras comunidades es «diluir el problema»: «Hay que defender nuestras fronteras»
Ante la avalancha de inmigrantes ilegales que ha llegado a Canarias, hace unos meses el Gobierno central tomó la decisión de trasladarles a otras comunidades autónomas para no colapsar las islas. Una decisión que ha generado polémica desde el primer momento por lo que supone. Desde el partido de Abascal ven que la decisión del Gobierno lo único que hace es «diluir el problema». «Hay que atajar el problema de raíz. Si están en Canarias, pongamos la solución», defiende Nicasio Galván, que critica que al derivarlos a la península parece que el problema ya no existe.
En la misma línea se pronuncia Alejandro Gómez, ve una equivocación que se envíe a los inmigrantes a otros puntos de España ante el colapso, y subraya que lo que hay que hacer es «defender nuestras fronteras», y no crear la conciencia de que se puede entrar de forma ilegal en España siempre que se quiera. Esto, añade, «supone un agravio comparativo con todos aquellos inmigrantes que sí vienen a nuestro país de forma legal, cumpliendo con todos los trámites».
Vox recalca lo que está ocurriendo en otros países de Europa como Francia o Suecia, donde hay zonas, convertidas en guetos, en las que la policía directamente no puede entrar, como ejemplo de los efectos del multiculturalismo que el Viejo Continente abrazó en las últimas décadas, y de esas políticas de puertas abiertas de las que muchos ya están reculando. En este sentido, Vox aboga por acabar con las políticas de efecto llamada y con las subvenciones a las ONGs, así como por no regalar la nacionalidad española.
Esos países europeos, como recuerda Gómez, están poniendo en marcha medidas para frenar este problema. Alemania, por ejemplo, ha aprobado recientemente las deportaciones masivas de inmigrantes. «En Europa se está empezando a vislumbrar este problema. ¿Para dónde está mirando Pedro Sánchez, para dónde está mirando el Gobierno de España?», reprocha. «Se está cayendo el concepto progre porque la gente está viendo en sus propias carnes que esto del multiculturalismo es un fracaso», señala Galván, que advierte también de que esos efectos se están viendo ya en España, como ocurre, por ejemplo, en municipios catalanes.
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