El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Comisión parlamentaria de Justicia
Dignidad y Justicia pide la dimisión de García Ortiz tras el varapalo de la Junta de fiscales
Esta asociación acusa al fiscal general de estar «utilizando una institución clave en el Estado de derecho, como es la Fiscalía, para beneficiar intereses partidistas de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez»
la asociación Dignidad y Justicia –dedicada a la lucha por la de las víctimas del terrorismo– ha expresado en un comunicado que «el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir», ya que «su enviado político, el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, cambió de posición sobre los delitos que había que imputar a Carles Puigdemont después de visitar a su jefe, como ha dejado en evidencia la prensa».
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«Hoy los miembros de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo han expresado su sentir mayoritario (por un contundente 12 votos a 3) a investigar a Puigdemont por terrorismo, cómo ha reclamado insistentemente la acusación particular ejercida por Dignidad y Justicia y como solicitó el fiscal Redondo en su primera interpelación», ha agregado la asociación.
Por ello, la entidad que tiene como objetivo luchar a favor de las víctimas del terrorismo ha señalado que «el cambio de postura obedece por lo tanto únicamente a una orden política dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su Fiscal General del Estado, que no obedece así por lo tanto a criterios de legalidad, sino de oportunidad partidista que busca mantener al actual jefe del Ejecutivo en la Moncloa a través de la cesión a sus socios, los independentistas catalanes de Junts, pero también a los vascos de Bildu, de todas sus reclamaciones».
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«Está utilizando una institución clave en el Estado de derecho, como es la Fiscalía, para beneficiar intereses partidistas de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez», señala el comunicado acerca de García Ortiz.
En consecuencia, Dignidad y Justicia considera que las decisiones de García Ortiz ponen de manifiesto «la intervención del Ejecutivo en una institución clave, una intromisión que está provocando una degradación sin precedentes en el ministerio público y que evidencia que los discursos contra los jueces de las últimas semanas no solo están promovidos por los independentistas, sino que son alentados por el Gobierno con el fin de amedrentar al Poder Judicial».
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