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04 de marzo de 2024

El expresidente catalán Carles Puigdemont

El expresidente catalán Carles PuigdemontEFE

Investigación

El juez intercepta más mensajes que confirman la injerencia rusa en el 'procés': «Apostamos por el Kremlin»

Los agentes de la Policía Judicial certifican la relación de la mano derecha de Puigdemont con altos funcionarios rusos

El magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, tiene en su poder nuevos mensajes que acreditan la injerencia de Rusia en España a través de los líderes independentistas catalanes. El Debate revela hoy uno de ellos, enviado desde el teléfono de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina que tiene Carles Puigdemont en calidad de expresidente, en el que se confirma las conexiones con Vladímir Putin. El pasado jueves, la Comisión Europea aprobó abrir una investigación para trazar la forma en que los rusos han desarrollado su objetivo de desestabilizar las democracias europeas.
«Si apostamos en público por el Kremlin, hagámoslo de verdad», escribió Alay. El destinatario del mensaje era Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Este chat, que está en poder de la Policía Judicial, se llevó a cabo el 23 de agosto de 2020. Es decir, en plena investigación judicial del caso Voloh. La respuesta de Boye fue: «Ah, por supuesto». Unos minutos más tarde añadió: «Bueno, este sería un tema a discutir en la próxima reunión, creo». Para los investigadores, este mensaje es clave ya que confirma que la implicación de los líderes independentistas respondía a la ayuda que éstos le habían prestado previamente.
Precisamente, el Parlamento Europeo aseguró el pasado jueves que existe una preocupación extrema por las injerencias rusas en Cataluña porque, según esta institución, en realidad se trata de una estrategia más amplia que tiene como finalidad la desestabilización de la Unión Europea. Por este motivo, insta a España a continuar investigando los nexos entre el Kremlin y los líderes independentistas catalanes. En la resolución aprobada por la Eurocámara se menciona expresamente el nombre de Puigdemont, que hasta ahora ha tratado de desvincularse de los contactos que él mismo tuvo con un enviado de Putin en 2017.
Este enviado, llamado Nikolay Sadovnikov, se reunió con Puigdemont en el Palacio de la Generalitat tan sólo un día antes de la declaración unilateral de independencia previa al 1-O para ofrecer apoyo económico y militar por parte de Rusia. Como ha estado publicado este periódico durante los últimos días, los rusos pedían a cambio que, de lograrse la independencia catalana, ese territorio tenía que convertirse en un paraíso fiscal en materia de criptomonedas para Rusia. Tras esta reunión, la Guardia Civil ha logrado acreditar que Puigdemont ordenó la creación de tres puestos de trabajo para desarrollar una legislación sobre el asunto.
La resolución europea constituye un fuerte respaldo para la instrucción que está llevando a cabo el magistrado Joaquín Aguirre, encargado del caso Voloh. La causa, que se abrió en 2019, seguirá abierta al menos seis meses más tras Aguirre haber decidido prorrogarla. Además, la decisión judicial, que tuvo un gran eco en toda Europa, abrió toda la prensa alemana. En el auto de prórroga, el magistrado aseguraba apreciar indicios de un delito de traición en Puigdemont por las reuniones que mantuvo con «una potencia extranjera que llevó a cabo acciones hostiles contra España».
Por otro lado, el pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que «no le constan» vínculos de los independentistas con los rusos. En cambio, estos contactos sí que han sido reconocidos por el propio Puigdemont, que ahora centra su tesis en rebajar el tono de esos encuentros. «Donde deben de constar, en su caso, es en la institución que es la encargada de la investigación de cualquier circunstancia que en este caso, como en otros, son los órganos judiciales y la Fiscalía de nuestro país». A continuación aseguró que España «es un país que investiga todo lo que debe de investigar, todo lo que se denuncia y todo lo que se conoce» y remarcó que esta cuestión está siendo objeto de investigación y pide que «sean los órganos competentes los que puedan determinar finalmente lo que fuera preciso».
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