Pere Aragonès y Carles Puigdemont, en una reunión que mantuvieron en Bruselas
Tribunales
Letrados de la Generalitat apuntan a presiones de ERC para confeccionar informes favorables a la amnistía
El Gobierno catalán de Pere Aragonés habría aprovechado la ruptura con Junts para descabezar a la cúpula del gabinete jurídico y a los letrados jefe de la mayor parte de Consejerías
con el foco puesto en la Proposición de Ley de Amnistía y la difícil situación judicial de los prófugos de Esquerra (ERC) –la que fuera número dos de la formación, Marta Rovira, y el diputado autonómico Rubén Wagensberg– la Generalitat quiere tener todos los cabos sueltos bajo control. De ahí que, en los últimos meses, desde la llegada de Xavier Bernardí, como secretario ejecutivo, y tras la salida de Junts del Gobierno catalán, se hayan incrementado las presiones hacia los miembros de los servicios jurídicos, según confirman varios miembros consultados por EL DEBATE.
Hay «nervios» y «muchas exigencias y directrices políticas», eso sí con «muy buenas formas», entre los máximos responsables de la Administración separatista por la amnistía. En especial de manos de Bernardí quien «ejerce un control férreo» sobre los abogados del gabinete técnico confundiendo «sus competencias de coordinación» con un «caciquismo» insoportable para muchos de ellos. Cabe recordar que él mismo ascendía, en mayo de 2021, como secretario del Consejo de Pere Aragonés, procedente de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat. Un cargo por el que percibe una retribución de 117.452,94 euros al año, sólo superada por la del propio president.
Los de Esquerra (ERC) no quieren quedarse fuera de la cabeza de carrera del separatismo en las negociaciones con el Gobierno de España para liderar la aprobación del que será el texto definitivo de la Ley de Amnistía. Por eso, habrían solicitado, al menos, un informe favorable a la constitucionalidad de la misma, en los términos en los que su formación plantea el borrado penal, y para asegurarse que, al margen de las exigencias de Junts, sus condiciones son las más ajustadas a sus propios intereses.
No en vano, una muy buena parte de los altos cargos de la Generalitat quieren garantías de que su implicación con la causa por la independencia quedará impune. Y de ahí que las tensiones generadas por las discrepancias de algunos de los funcionarios, en puestos de libre designación, hayan provocado la salida de varios de ellos por una supuesta «pérdida de confianza». Sin ir más lejos, la jefa del gabinete jurídico de la Generalitat, Mercè Corretja y la que fuera, hasta el pasado 6 de febrero, la directora general de derechos y asuntos constitucionales del cuerpo de letrados, María Àngels Arróniz, cesadas por sendos decretos del Ejecutivo republicano.
Dos destituciones que, de acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico no se debieron a «razones profesionales» sino a discrepancias abiertas en el enfoque de cuestiones de calado en relación con la amnistía. La reticencia de Corretja a confeccionar un dictamen favorable al texto validado por ERC, para su tramitación en el Congreso de los Diputados, la habría llevado a enfrentarse, de manera abierta, con Xavier Bernadí aunque Corretja terminaba entregándolo, sin firmar, a principios de este año.
A Bernardí no le habría gustado, sin embargo, la negativa de la máxima responsable técnica de los servicios jurídicos a «valorar» la norma en curso, ni que ésta cuestionase la necesidad de apuntar la existencia de «aspectos susceptibles de mejora» en la misma, de acuerdo al enfoque y necesidades de la Generalitat. De ahí que optase por prescindir de sus funciones apelando la «deslealtad» de la misma para aupar a Rosa Maria Díaz, quien ya integraba la plantilla jurídica del Ejecutivo y a la que el secretario el Govern, considera de sus más afines.
El problema de fondo no era sólo el enfoque y sentido del informe sobre la amnistía, sino quien lidera la pugna del separatismo catalán por atribuirse los méritos de doblegar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Un escenario que impone la necesidad de situar en los servicios jurídicos de la Generalitat a profesionales de total confianza de los de Oriol Junqueras y separar, en la medida de lo posible, cualquier reminiscencia de Junts en el cuerpo técnico. Y es que la dependencia orgánica de los letrados del Govern catalán es doble en tanto en cuanto cuelgan a su vez del Departamento de Presidencia, en lo relativo al gabinete jurídico, como de los secretarios generales de cada una de las Consejerías a las que están asignados.
Comentarios
