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02 de mayo de 2024

Patxi López y Pedro Sánchez, en el debate de investidura

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, en el CongresoEFE

Por qué el PSOE se niega a reformar el sistema de elección del CGPJ

Hace apenas dos meses –el pasado 5 de diciembre de 2023– el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dejó clara la postura de su partido acerca del actual sistema de selección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «En cuanto a la forma de elegir al Poder Judicial, a los órganos de gobierno de los jueces, nos parece buena la que existe; de hecho, ha funcionado durante todos estos años de democracia». Igualmente, el dirigente socialista apuntó que se debe partir del principio por el que «el Poder Judicial también emana del pueblo», aspecto que «se cumple con la legalidad de hoy y con la forma de elegir el CGPJ hoy».
La propia página web del Poder Judicial señala que, de los 20 vocales del CGPJ, 10 son seleccionados a propuesta del Congreso y los otros 10 a propuesta del Senado. Ello ha derivado en que sean los partidos políticos los que, en la práctica, decidan en función de sus mayorías quiénes son los magistrados que componen este organismo.
Por ello, el pasado lunes 19 de febrero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró tras su segunda reunión para renovar el órgano de gobierno de los jueces –que lleva con su mandato prorrogado desde finales de 2018–; en la que participaron el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que primero hay que elegir a los nuevos vocales del CGPJ, y después, «en la medida de lo posible», «iniciar un proceso para mejorar el modelo».
Sin embargo, los 'populares' –siguiendo las directrices de Europa– exigen que tanto la designación de los nuevos vocales como la reforma del sistema se haga a la vez, para conseguir «despolitizar la Justicia» y que sean los «jueces los que elijan a los jueces».

El cambio de Felipe González

Sin embargo, López se equivocó acerca de que la actual manera de elegir a los vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial ha funcionado desde la llegada de la democracia en 1978. La Constitución asegura que el CGPJ está compuesto por 20 vocales, de los cuales, 12 se eligen «entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales», y los ocho restantes por las Cortes (cuatro el Congreso y cuatro el Senado) «entre abogados y otros juristas». Así, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) –de 1980– creó un órgano de gobierno de los jueces en los que sus 12 vocales de procedencia judicial fueron designados por el conjunto de los magistrados españoles.
Sin embargo, en 1985 comenzó la politización del Poder Judicial. El Gobierno de Felipe González promulgó una nueva LOPJ que –amparándose en el texto exacto de la Carta Magna– permitía a los políticos elegir a todos los miembros del Consejo. Como la Constitución emplea la preposición «entre» y no «por», el PSOE decidió que, de los 20 vocales, 10 fueran elegidos por el Senado y otros 10 por el Congreso.
Esta decisión acabó siendo avalada por el Constitucional en una sentencia de 1986, que, no obstante, dictaminó que: «los trabajos parlamentarios, tanto en el seno de la Ponencia como de la Comisión Constitucional, ponen de manifiesto que siempre, y para todos, se entendió que el cupo de miembros del CGPJ procedente de la propia Carrera habría de ser elegido por Jueces y Magistrados», avisando de que el cambio podía lesionar «el principio de la división de poderes y los equilibrios y contrapesos».
Fachada del Tribunal Constitucional, en Madrid

Fachada del Tribunal Constitucional, en MadridEFE

Desde entonces –y bajo el pretexto de López de que «el Poder Judicial emana del pueblo»– el PSOE defiende este sistema de designación; más provechoso para sus propios intereses ya que es el partido y sus miembros los que seleccionan qué juristas forman parte del CGPJ.
Además, el órgano de gobierno de los jueces es el encargado de elegir de manera discrecional a los miembros de los tribunales más importantes de nuestro país (como el Supremo, la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia), que son los que conocen de los casos penales de la inmensa mayoría de los políticos por su condición de aforados.
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