El ministro Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Para adaptarla al «siglo XXI»
El Gobierno retoma la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en plena instrucción del caso PSOE
Bolaños no aclara si la futura norma acortará los plazos de la instrucción judicial, como Sánchez ofreció a Puigdemont -en vano- a cambio de que Junts aprobara la amnistía
El Gobierno tiene previsto aprobar este año una renovada la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea una ley que «se adapte al siglo XXI», en palabras del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien recordó que la actual es del siglo XIX (la original fue aprobada en 1882, aunque ha sufrido reformas). Éste fue un proyecto que el Ejecutivo impulsó durante la pandemia. El Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto en noviembre de 2020, pero lo aparcó. Hasta ahora.
Así lo anunció Bolaños durante la presentación del Plan Anual Normativo de 2024, que fue aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. Este plan se trata de la hoja de ruta legislativa del Ejecutivo para el año en curso, marcado por un nuevo ciclo electoral -elecciones vascas, catalanas y europeas- y por la debilidad parlamentaria del Gobierno.
No obstante, el ministro no quiso aclarar si la nueva Lecrim acortará los plazos de las instrucciones judiciales, precisamente ahora que hay en marcha una que afecta de lleno al PSOE: la instrucción que está llevando a cabo el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional sobre la trama de corrupción en torno a Koldo García. Un caso que, además, podría acabar en el Tribunal Supremo si el juez instructor considera que hay indicios suficientes contra algún aforado. Véase el exministro José Luis Ábalos.
El acortamiento de las instrucciones judiciales fue una oferta que Pedro Sánchez hizo a Carles Puigdemont durante la segunda y definitiva fase de la negociación de la ley de amnistía. Consistiría en modificar el artículo 324 de la norma para despojar a los jueces de la potestad para prorrogar una investigación más allá de los 12 meses motu proprio. Solo podrían hacerlo si lo pide la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno.
Con ello, el PSOE pretendía que Junts se conformara con excluir parcialmente los delitos de terrorismo y totalmente la traición. Sin embargo, los independentistas no aceptaron y, finalmente, Sánchez tuvo que ceder en todo en la ley de amnistía.
Bolaños no dijo ni sí ni no desde la sala de prensa de la Moncloa. No aclaró si esa idea sigue en la mente del Gobierno. Por el contrario, señaló que la nueva ley está «en una fase muy inicial de trabajo» y que es pronto para saber «cuál será su alcance».
El ministro de Justicia se quejó de que hace tres años el Gobierno elaboró un anteproyecto de ley para reformar la Lecrim y pidió al CGPJ un informe preceptivo. Pero que, a día de hoy, el órgano de gobierno de los jueces no se ha pronunciado, a pesar de que debía haberlo hecho un mes después, porque ésa era el plazo legal. Algo que, según Bolaños, contrasta con la «agilidad» que tienen los vocales del CGPJ para emitir informes sobre otros asuntos, en alusión a la ley de amnistía.
El ministro dedicó buena parte de la comparecencia a hablar de la «situación límite» de la Justicia, después de que se cancelara la reunión que este miércoles debían mantener él, el comisario europeo Didier Reynders y el popular Esteban González Pons sobre la renovación del CGPJ. «En estos dos meses hemos hecho todos los esfuerzos posibles para intentar llegar a un acuerdo y vamos a seguir trabajando», afirmó.
Bolaños no quiso adelantar si, como le pide insistentemente Sumar, el PSOE valora la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para forzar esa renovación sin el concurso del PP. «El plan A es agotar todas las posibilidades con el PP, no hablemos de planes B», zanjó.
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