El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres
El Gobierno denunciará ante el TC la derogación de las leyes de Memoria en las regiones gobernadas por PP y Vox
Aragón ya aprobó su normativa y Castilla y León y la Comunidad Valenciana han registrado sendas proposiciones de ley
Se avecina guerra entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP en coalición con Vox. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el próximo martes 2 de abril elevará «un informe completo» al Consejo de Ministros sobre la derogación de la ley de memoria aprobada por Aragón, y las proposiciones de ley en Castilla y León y en la Comunidad Valencia. Así, ha comunicado que el Ejecutivo, «respecto a la ley de Aragón interpondremos un recurso» para intentar llegar a un acuerdo con esa región, y «en caso de que no hubiese acuerdo iremos al Tribunal Constitucional».
«Y haremos lo propio con la proposición de ley de Castilla y León y con la Comunidad Valenciana si son aprobadas en los términos que hemos conocido», ha agregado a renglón seguido en una rueda de prensa que ha dado en la sede de su Ministerio.
En este contexto, Torres ha asegurado que Vox –«con la complicidad de este Partido Popular»– «lo que quiere» al derogar las leyes de Memoria Democrática en comunidades como Aragón, Castilla y León y Valencia, «es blanquear los años de la dictadura, y para eso lo iguala a una etapa democrática», la Segunda República. En consecuencia, ha aseverado que durante la etapa que comprende entre 1931 y 1936 «quienes presidían el país eran los españoles con su votos», y que «la democracia fue rota y aplastada por un golpe militar e ilegítimo».
Igualmente, acerca de la formación que preside Santiago Abascal, el miembro del Gobierno ha señalado que «algunos llegan a las administraciones para una involución democrática», dado que «vestidos de supuestos ropajes democráticos son capaces de aunar y de colocar al mismo nivel cuatro décadas de ausencia de libertad con una etapa de democracia». «Las mujeres no tenían durante la dictadura la capacidad de abrir una cuenta bancaria. ¿Cómo choca eso con las maestras de la República?», ha añadido.
«Cerrar heridas»
«Lo que pretende el PP presionado por Vox es blanquear la dictadura», ha sostenido el ministro anteriormente en declaraciones en La Hora de la 1 de TVE. «La ley de Memoria Democrática es concordia, es cerrar heridas», ha defendido. Sin embargo, el ala derecha de la política española sostiene lo contrario. Denuncian que la normativa central «reescribe la historia al servicio de la izquierda» y ofrece una visión sesgada de lo que ocurrió imponiendo un relato ideológico partidista.
Hace apenas una semana de nuevo PP y Vox registraban en Castilla y León su Ley de Concordia que pretende tumbar el decreto de Memoria Democrática y en la Comunidad Valenciana, ambos partidos registraban también la llamada Ley de Concordia Democrática cuyo objetivo es sustituir a la actual ley defendida por el Gobierno central.
Torres ha deseado que las propuestas en ambas administraciones decaigan. «En el caso de Valencia y Castilla y León lo importante es que esas decisiones decayeran. En el caso de Aragón iremos al Constitucional», ha manifestado.
Los argumentos del PP y Vox
El Ejecutivo del PP y Vox en Aragón justificó su derogación porque la anterior ley «olvidaba y excluía de su ámbito de aplicación otros periodos, como el período de la Segunda República (1931-1936)», cuando «es notorio que la violencia política ejercida merecía su inclusión».
En Castilla y León la Ley de Concordia pretende incluir a «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931». Por tanto, la nueva normativa otorga el mismo régimen de protección y de reconocimiento a «las víctimas de la II República y del terrorismo» que a las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura.
En Castilla y León la Ley de Concordia pretende incluir a «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931». Por tanto, la nueva normativa otorga el mismo régimen de protección y de reconocimiento a «las víctimas de la II República y del terrorismo» que a las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura.
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