Todas las alertas ignoradas antes de la crisis migratoria: del Gobierno de Ceuta al CNI

La entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes en Ceuta el pasado jueves ha abierto un intenso debate sobre si el Gobierno pudo anticiparse a una crisis que terminó desbordando la frontera sur de España. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que no existía ningún informe que advirtiera de una situación como la vivida, en los últimos días han ido aflorando indicios que apuntan a que las señales de alarma se acumulaban desde mucho antes de la avalancha. Desde las reiteradas advertencias del Gobierno ceutí hasta las reclamaciones de Guardia Civil y Policía, pasando por las publicaciones de distintos medios y la polémica sobre los avisos de los servicios de inteligencia, la presión migratoria llevaba semanas creciendo sin que se adoptaran medidas extraordinarias hasta que la crisis ya era una realidad.

Los primeros síntomas comenzaron a hacerse visibles mucho antes del 30 de julio. Durante todo el mes se fue intensificando la llegada de inmigrantes a nado desde Marruecos, especialmente de jóvenes marroquíes y argelinos. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) fue aumentando progresivamente su ocupación hasta superar ampliamente su capacidad, mientras centenares de personas permanecían a las puertas del recinto a la espera de poder acceder. Paralelamente, los centros de menores empezaban también a sufrir una presión creciente.

En esos mismos días, El Debate fue informando de ese deterioro progresivo de la situación. Primero alertó del aumento de las entradas irregulares y de la saturación del CETI, posteriormente recogió las reclamaciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que denunciaban la falta de medios humanos y materiales para hacer frente al incremento de la presión migratoria, y finalmente dio voz al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que reclamó una respuesta urgente del Estado al considerar que la ciudad se encontraba ya al borde del colapso.

Precisamente, Vivas fue uno de los responsables públicos que con mayor insistencia advirtió de que la situación podía desembocar en un episodio similar al de mayo de 2021. El presidente de Ceuta habló de una situación «extremadamente grave», alertó de que las capacidades de acogida estaban «desbordadas» y reclamó una actuación «contundente y sin dilación» del Gobierno. Entre sus peticiones figuraban el refuerzo de efectivos policiales, más recursos económicos, la agilización de los traslados a la península y una mayor coordinación entre administraciones. También recordó que el flujo de entradas rondaba ya las doscientas personas diarias y que, de mantenerse ese ritmo, la ciudad volvería a enfrentarse a una crisis de enormes dimensiones.

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil lanzaron avisos similares, ya que tanto Jucil como la AUGC reclamaron refuerzos urgentes, denunciaron la escasez de embarcaciones y personal y pidieron instrucciones claras tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que modificó el régimen aplicable a los inmigrantes que acceden a nado a Ceuta y Melilla. Incluso denunciaron que una de las nuevas lanchas del Servicio Marítimo, presentada apenas unas semanas antes, permanecía inoperativa por diversas averías en pleno incremento de la presión migratoria.

Pese a todo, el pasado sábado, Fernando Grande-Marlaska aseguró públicamente que no existía «ningún informe» que hubiera advertido de una situación como la vivida el 30 de julio. Sin embargo, la Cadena SER publicó este lunes que el CNI trasladó varios avisos a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva, mientras que El País sostiene que los servicios de inteligencia concluyen que Marruecos permitió y aprovechó la oleada migratoria, aunque no la planificó inicialmente. El mismo diario asegura además que las declaraciones de Marlaska provocaron malestar en el ámbito de Defensa.

Sea cual sea el alcance de esos informes, lo cierto es que la presión migratoria era ya visible sobre el terreno. Las entradas aumentaban día tras día, los centros de acogida comenzaban a colapsar, las asociaciones profesionales reclamaban más medios y el Ejecutivo de Ceuta advertía públicamente de que la situación podía desembocar en una nueva crisis. Pese a ello, las principales medidas extraordinarias –la instalación de la barrera flotante en el Tarajal, el despliegue de patrulleros, el refuerzo militar y los traslados de inmigrantes a la Península– no llegaron hasta que la frontera ya había quedado completamente desbordada.