Un grupo de inmigrantes ilegales que traspasaron la frontera con Ceuta
Marruecos dice que alertó a España sobre los efectos de la sentencia del Supremo días antes del asalto a Ceuta
Una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí defiende que la gestión migratoria es «una responsabilidad compartida» entre ambos países
Marruecos alertó a España días antes de la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria. Así lo ha asegurado este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añade que la gestión migratoria es «una responsabilidad compartida» entre ambos países.
«Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida», ha remarcado la fuente en un encuentro con un grupo de agencias de prensa internacionales.
La misma fuente alega que Marruecos está «decepcionado» con las reacciones de algunos políticos españoles, a los que acusa de instrumentalizar la crisis por intereses electorales, pero defiende que la coordinación con el Gobierno español sigue siendo «estrecha».
La fuente marroquí alude en sus declaraciones a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que señala que no se puede aplicar el «rechazo en frontera» o «devolución en caliente» a los migrantes interceptados en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla.
Concretamente, el fallo establece que los inmigrantes que alcanzan Ceuta o Melilla por vía marítima no pueden ser objeto de un rechazo inmediato en frontera, al entender que, a diferencia de quienes saltan la valla, no han superado ningún elemento físico de contención fronteriza. En consecuencia, las fuerzas de seguridad deben identificar a estas personas y tramitar individualmente su situación conforme a la legislación de extranjería.
La propia sentencia, sin embargo, deja abierta una posible vía para modificar la situación, y es que los magistrados apuntan que la Administración podría establecer algún elemento físico de contención en el mar que delimitase de forma efectiva la frontera marítima, una posibilidad que exigiría cambios normativos y decisiones políticas que, por el momento, no se han adoptado.
