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03 de mayo de 2024

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (3i), durante reunión de la Comisión bilateral Canarias-Estado

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (3i), durante reunión de la Comisión bilateral Canarias-EstadoEuropa Press

Crisis migratoria

Los partidos del Parlamento canario aceptan la reforma para derivar menores inmigrantes a otras comunidades, salvo Vox

El Gobierno autonómico y los portavoces de los partidos que han respaldado la medida creen que todavía es «mejorable» y proponen algunas

El Gobierno de Canarias y los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han avalado la reforma legislativa para garantizar la distribución de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. El partido de Santiago Abascal se ha opuesto a esa medida al considerar que lo que hace es «repartir el problema» al resto de la Península, como ha expresado su portavoz, Nicasio Galván, y favorecer el «efecto llamada».
En un encuentro celebrado en la sede del Parlamento, el presidente, Fernando Clavijo, ha trasladado a los partidos con representación en la Cámara autonómica el texto que el Estado ha puesto sobre la mesa y ha logrado un amplio respaldo a los cambios propuestos por el equipo técnico del Ejecutivo canario para agilizar su puesta en marcha, informa Europa Press.
La modificación de la normativa hará que las islas no acojan más de 3.000 menores inmigrantes, y una vez se supere esa cifra, el Estado será el que se encargue de distribuirles «por ley y no de forma voluntaria» entre el resto de regiones.
«Ya tenemos blanco sobre negro un documento», ha recalcado Clavijo, «una propuesta que hace meses parecía inalcanzable y ahora es una realidad gracias al trabajo y al diálogo de todos». No obstante, según ha explicado, el Gobierno y la mayoría de los grupos parlamentarios considera que la propuesta todavía es «mejorable», por lo que los portavoces apoyan los trabajos técnicos iniciados para cerrar «un texto más completo» en el plazo máximo de 15 días.
Entre esas mejoras planteadas al Gobierno central se encuentra por ejemplo la demanda de que el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería se lleve a cabo vía decreto-ley y no mediante una proposición de ley como propone el Ejecutivo, por ser una fórmula más rápida.
Por otra parte, también respaldan los portavoces la propuesta autonómica de que el Estado se encargue de la asignación de los menores inmigrantes a cada comunidad autónoma desde el momento de su rescate o llegada a las costas canarias. Un sistema que, según el presidente Clavijo, garantiza «mejor» los derechos de los menores e impedirá que el sistema de distribución se ralentice por asuntos como las pruebas que deben determinar su edad.
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