El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Justicia
El fiscal general bloquea a la mayoría del Consejo e impide votar el informe de seis vocales contrario a la amnistía
Álvaro García Ortiz rechaza, por quinta vez, informar al Senado sobre la polémica Proposición de Ley, como pedían los seis consejeros de la Asociación de Fiscales (AF) y uno de la Asociación Independiente (APIF)
Una vez más, y ya son cinco, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha bloqueado la posibilidad de que la Fiscalía informe al Senado sobre la inconstitucionalidad de la Proposición de la Ley de Amnistía. Según ha podido adelantar El Debate, García Ortiz ha bloqueado la iniciativa de seis vocales de la Asociación mayoritaria (AF) que el pasado día 8 de abril se rebelaron contra su cerrojazo institucional presentando un informe jurídico contrario a la norma. El número uno del Ministerio Público ha impedido al Pleno del Consejo, que se celebra este jueves, votar el contenido del texto.
El fiscal general, que pasa por sus horas más bajas en términos de credibilidad –y salpicado por el escándalo, presuntamente delictivo, de las filtraciones de la Fiscalía sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso– admitió incluir el asunto de la amnistía en el orden del día del cónclave mensual ordinario, tras la iniciativa impulsada por los consejeros electos de la AF a los que se ha adherido, Salvador Viada, miembro de la APIF. Sin embargo, ha optado por liquidar el asunto de raíz con una intervención en la que se ha limitado a justificar su negativa a atender la petición del Senado.
García Ortiz ha sostenido que no está entre sus competencias el deber de remitir dictámenes de esta naturaleza a la Cámara Alta y que el Consejo tampoco puede hacerlo, en tanto en cuanto que se trata de un órgano previsto para asesorarle internamente a él, aunque para ello «haya desoído las obligaciones de colaboración institucional» que están previstas para el Ministerio Público.
Una posición diametralmente opuesta a la mayoría del CF que, siete frente a cinco –el propio García Ortiz; su número dos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde; la jefa de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz Gaite, quien fue designada por Dolores Delgado; y, los dos vocales electos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)–, ha manifestando su «más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional», no sólo no haya sido atendida hasta el momento, «sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas».
Los seis consejeros de la Asociación de Fiscales han sostenido, de manera reiterada, que la postura del titular del Ministerio Publico bloquea competencias propias del Consejo Fiscal cuya «intervención (...), emitiendo informes sobre Anteproyectos de ley no es impedimento para la emisión de informe sobre una proposición de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas que integran la Cortes Generales, con las que existe el deber de colaboración».
«Nos resulta inconcebible que el Fiscal General del Estado estime que las peticiones formuladas por los Vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado», le han afeado.
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