El Supremo destroza la realidad paralela del Gobierno para blindar a García Ortiz

El pasado 19 de diciembre se dio a conocer un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la causa que instruye el Tribunal Supremo y en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente haber revelado secretos de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Así, este dosier recoge que el móvil del máximo responsable del Ministerio Público contiene «cero mensajes» en los días en los que se pudo haber cometido el posible hecho delictivo.

Ese día Pedro Sánchez dio por hecho el buen proceder y la inocencia de García Ortiz y recriminó desde Bruselas que mucha gente pidiera su dimisión «sin pruebas» y «con falsas acusaciones». «¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado, quién lo va a hacer?», se preguntó entonces el jefe del Ejecutivo para después pedir que «elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se está comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas y que asuman su responsabilidad».

En esta línea también se manifestó el presidente del Gobierno en su rueda de prensa del pasado lunes, en la que hizo balance del año. De esta manera, resaltó que «antes del informe de la la confianza en el fiscal general del Estado era total, después del informe de la UCO yo creo que es incluso mayor». Fuentes de la Fiscalía reconocieron el viernes 20 de diciembre que la García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos al periodo temporal que se investiga, aunque aseveraron que lo hizo por «protocolo».

Sin embargo, el magistrado instructor del Alto Tribunal Ángel Hurtado no dio por zanjado el asunto y encargó ayer a la UCO nuevas diligencias acerca del teléfono del fiscal general del Estado después de que el cuerpo de la Guardia Civil no hallara ningún mensaje. En una providencia el juez ordena que se proporcionen los números y los códigos de identificación de los móviles «asociados» a las tarjetas que se incautaron en el registro del despacho de García Ortiz el pasado 30 de octubre, así como la «titularidad asociada» de los mismos.

Hurtado subrayó que toma esta decisión «a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado, y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos que figuran en el acta levantada».

Además, en la jornada de ayer la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que ejerce como acusación popular en la causa– y atribuyó a García Ortiz dos dos nuevos delitos, «apoderamiento ilícito de información» y «prevaricación», y pidió al Supremo su comparecencia.

Las diligencias del novio de Ayuso

El lunes la defensa de González Amador pidió al Supremo que amplíe la investigación para saber qué mensajes se intercambió el máximo presentante del Ministerio Público con con la asesora de la Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, el exdirector de comunicación del PSOE Ion Antolín; y con la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

Los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso esgrimen respecto al «borrado protagonizado por D. Álvaro García Ortiz de sus dispositivos electrónicos» que «nadie borra su inocencia». «En coherencia con su propia filtración de la que abiertamente hablan en sus conversaciones, ni la Fiscalía (ni la General del Estado ni la Provincial de Madrid), ni su Delegado de Protección de Datos iniciaron investigación alguna, ni por esta revelación de la denuncia, expediente tributario y diligencias de investigación, ni por ninguna otra de las que le sucedieron», se subraya.