El Supremo pone el foco del 'caso Koldo' en las comunicaciones de Aldama con «cualquier persona aforada ante el Tribunal»

El denominado 'caso Koldo' se ha convertido, a medida que avanza la instrucción en el Supremo (TS), bajo la batuta del magistrado Leopoldo Puente, en el 'caso PSOE' que salpica al Gobierno, por presunta corrupción. La trama ha dado un salto cualitativo, desde este martes, una vez que el juez ha puesto el foco, entre otras, sobre las «comunicaciones telefónicas realizadas (...) que conciernen a los tres investigados en esta causa» –el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García Izaguirre y el empresario comisionista Víctor de Aldama– entre ellos y, a su vez, con el todavía ministro Ángel Víctor Torres «o subordinados de éste», el número dos de los socialistas Santos Cerdán o «con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal».

Así lo decretaba el instructor en una resolución dirigida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asignada al procedimiento para que elabore un informe patrimonial de Ábalos al que, también, volvía a citar para que declare como imputado el próximo día 18 de febrero. Además, el magistrado Puente llamaba a 17 testigos, para que comparezcan entre el 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos el jefe de Gabinete de Hacienda (número dos de la titular de la cartera María Jesús Montero), ex altos cargos de Transportes y la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz.

En su auto, el magistrado pide a la UCO que a la mayor brevedad posible informe sobre la situación económico patrimonial de Ábalos y de su hijo Víctor, conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos registrados a su nombre; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

Requiere también a la UCO un informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas y demás actuaciones realizadas hasta el momento de los hechos para el total de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas. En especial, poniendo énfasis en los mensajes intercambiados por los implicados directos, sin perjuicio de que el listado de los mismos pueda verse incrementado como resultado de las pesquisas policiales.

El magistrado quiere, asimismo, identificar a las personas que procedieron a contratar laboralmente a 'Jessica' (JRG)–la que fuera pareja de Ábalos–, primero en INECO y luego en TRAGSATEC dos de las entidades públicas en las que se colocó a la misma.

Puente oficia también a Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al efecto de que informe acerca de los viajes oficiales, tanto dentro de España como hacia el extranjero, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, JRG pudiera haber acompañado a Ábalos, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de la presencia de aquélla en el viaje.

Por otro lado, cita para el mismo 18 de febrero a Koldo García al efecto de que sea requerido para la formación de un cuerpo de escritura (comprensivo de firmas y texto), a los fines de practicar la correspondiente prueba pericial caligráfica con el propósito de establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados por Aldama, en relación con las supuestas obras públicas preadjudicadas.

Llama igualmente como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los ex altos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; al director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; al hermano de Koldo, Joseba García; al hijo de Ábalos, Víctor; a Pano y su hija; a JRG y a varios empresarios.

También encarga designar un perito –agente de la propiedad inmobiliaria– para que emita un informe sobre el valor de mercado correspondiente a una vivienda ubicada en Madrid.

A Aldama le reclama la relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaban Torres, Ábalos y Koldo con «señoritas», así como las fechas de los contratos y las estancias y el pago de los mismos y de las mujeres que acudían a esos inmuebles y quién asumió su eventual pago.