El PP lleva al TC una reforma legal de Sánchez para meter ministros franceses en las reuniones de su Gabinete

El PP va a llevar al Tribunal Constitucional el Tratado de Amistad y Cooperación que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron firmaron el 19 de enero de 2023, y que establece que un miembro del Ejecutivo francés participará una vez cada trimestre en el Consejo de Ministros del Gobierno de España, y viceversa. Algo que no se ha hecho nunca con ningún otro país.

El tratado no se ha aplicado hasta la fecha porque la Constitución no contempla que ningún extranjero participe en una reunión del Gabinete. Teóricamente, el Rey es el único que puede hacerlo sin ser parte del Consejo de Ministros, «a petición del presidente del Gobierno», según el artículo 62.g de la Carta Magna.

Lo que hizo el Ejecutivo para cumplir lo pactado con Macron es una de sus artimañas parlamentarias: utilizar la ley de eficiencia de la Justicia, que fue aprobada el 19 de diciembre por el Congreso, para reformar el artículo 5.2 de la Ley del Gobierno y dejarlo así: «A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España».

Pero no era suficiente, porque la Constitución establece que los tratados de carácter político, o los que modifican o derogan normas -como es el caso-, deben ser previamente autorizados por las Cortes Generales. Así que, la semana pasada, los socialistas enviaron a la Mesa del Congreso y a la Mesa del Senado el Tratado con Francia para que ambas cámaras lo ratificaran este mes. Con dos años de retraso.

Pero los populares le han dado el alto. Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, el PP votará el miércoles a favor de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Al tratarse de un recurso previo, cuando el Pleno de la Cámara Alta lo apruebe la aplicación del Tratado quedará paralizada hasta que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido se pronuncie sobre si el acuerdo es o no contrario a la Constitución.

El grupo parlamentario que comanda Alicia García argumenta dos razones. Por una parte, «se ha omitido durante más de dos años el procedimiento parlamentario para su autorización», según el texto. Por la otra, porque a juicio del PP no basta reformar una ley ordinaria, por más que Sánchez quiera hacer y deshacer a su antojo: «Para permitir tal presencia de extranjeros en las reuniones del Consejo de Ministros es necesaria la reforma del artículo 98 de la Constitución, y de los artículos 13 y 23», añade el documento.

Aquel texto rubricado por España y Francia pretendía llevar al máximo la cooperación en todos los ámbitos. Para fortalecer la coordinación recogía ese intercambio de visitas a reuniones de los respectivos gobiernos. En concreto, el compromiso era que un miembro del Gobierno de España fuera invitado al Consejo de Ministros francés al menos una vez cada tres meses y por rotación, y lo mismo a la inversa.

El Gobierno ha utilizado la ley de eficiencia de la Justicia de Félix Bolaños para un roto y para un descosido. No en vano, esta norma también ha servido para modificar la ley de paridad y corregir el error técnico con el que fue aprobada inicialmente. Error por el que quedaban desprotegidos los trabajadores que se acogieran al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.