Los fiscales contestan a la queja de García Ortiz tras publicarse sus llamadas: «La propia Fiscalía ha contactado con los medios»

La queja planteada por el fiscal general del Estado tras la publicación del informe de la UCO en el que aparecían las llamadas realizadas por Álvaro García Ortiz los días de la filtración ha tenido respuesta por parte de los fiscales personados en la causa representados por la Asociación Profesional e Independiente (APIF) de la Carrera, en un contundente escrito al que ha tenido acceso El Debate en primicia.

La actuación de García Ortiz, denuncia la entidad personada en el proceso como acusación popular , «pretende afectar a la independencia judicial». En su opinión, «carece de todo sustento legal, toda vez que la fuerza policial investigadora no tiene ninguna base legal para cercenar contenidos a su antojo, sino que debe hacer, precisamente, como ha hecho la UCO, incluir todos los datos que no afecten a la esfera más personal del investigado», como consta en la contestación entregada al juez Ángel Hurtado.

En vez de promover la acción de la Justicia [el fiscal general, Álvaro García Ortiz, hace todo lo posible por frustrarla y boicotearla

No en vano, desde la cúpula fiscal se ha deslizado la idea de que su titular estaría siendo víctima de las noticias que se hacen eco de las actuaciones de la instrucción, obviando que el propio García Ortiz se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos. «La Fiscalía como institución ha entablado contacto con los medios de comunicación para trasladarles datos que no estaban a disposición ni del tribunal ni de las acusaciones. Por eso, resulta sumamente llamativo que quien está filtrando denuncie a su vez filtraciones (además, de forma infundada)», han afeado desde la APIF.

La entidad profesional también ha mostrado su preocupación por la sanidad de la Justicia española cuyo máximo gobernante realiza «conductas impropias» a su cargo. «¿Es razonable que la cabeza del Ministerio Fiscal, órgano encargado de defender la legalidad, elimine intencionalmente los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre contra él una causa penal?», se cuestionan en el escrito entregado al juez Hurtado.

Abogacía del Estado, abuso de derecho

APIF también ha resaltado de nuevo sus quejas hacia la actuación de la Abogacía del Estado, que en su opinión, «está actuando en esta causa de un modo que debe censurarse. Sus representantes están utilizando sistemáticamente los recursos que les ofrece la ley, no para centrarse en combatir las resoluciones concretas que se impugnan, sino para enumerar toda una retahíla de vulneraciones, nulidades, ilegalidades… que no vienen al caso (además, siempre son las mismas) en escritos innecesariamente extensos».

Denuncian que «esta institución está incurriendo en un abuso de derecho no amparado por la ley (art. 7.2 CC)» auspiciada, a su parecer, «para intentar lograr que el Tribunal Supremo no tramite alguno de sus recursos y después poder denunciar esta omisión».