Las comunidades del PP se plantan ante el reparto de menores pactado por Sánchez y Junts

Las comunidades autónomas del Partido Popular se han puesto en pie de guerra ante el acuerdo alcanzado por el Gobierno y Junts para reformar la ley de Extranjería y repartir entre las regiones a los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias y a Ceuta, en torno a 4.400, de los que Cataluña solo acogería 20 o 30, mientras que otras como Madrid recibirían a 700.

Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo denunciaban este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está «mercadeando» con los menores de edad y criticaban que no se había informado a las regiones sobre este decreto. «Se va a aplicar el algoritmo de la desigualdad y la xenofobia para determinar cómo se va a llevar a cabo un reparto de menores como si fueran paquetería», criticó Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Y el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, señaló que lo que se pretende ahora es «imponer» un reparto «partidista». «Nosotros vamos a estar en contra de la imposición y del reparto partidista», sostuvo.

Han sido muchas as regiones gobernadas por el PP que ya han anunciado que una vez sea una realidad ese decreto ley lo recurrirán, y en Génova avisan de que si el Gobierno no pone los medios ni financia esa acogida de inmigrantes, «no podrán colaborar en su adaptación».

Madrid

Una de esas comunidades que ya ha anunciado que lo llevarán a los tribunales, y a la Unión Europea, es Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra el «lamentable acuerdo» y denunció que la política migratoria de Sánchez es «un lastres para todos». «Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada», expresó.

Aragón

Del mismo modo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, tildó el decreto ley del Gobierno y Junts de «injusto». «Que no cuenten con Aragón. La oposición va a ser frontal», manifestó. El dirigente popular aseguró que desde su Ejecutivo no colaborarán con el Gobierno «en una política de desigualdad y de xenofobia que es la que han pactado» con el partido de Carles Puigdemont.

Murcia

También se ha plantado ante la pretensión de Sánchez y Junts Fernando López Miras, que recurrirá este acuerdo «injusto, sectario e indigno». El presidente de la Región de Murcia afirmó ayer que su comunidad «no va a acoger más menores» porque no tiene capacidad, recalcando que este año han acogido a más de 500 y que Murcia es también entrada de la inmigración ilegal. «Hemos sobrepasado ya el 200 % la capacidad de nuestros recursos», señaló, y exigió igualdad en el reparto y financiación.

Baleares

Desde las Islas Baleares, Marga Prohens manifestó que tampoco tienen en la región capacidad para acoger menores y anunció que recurrirán «a todas las vías» a su alcance para rechazar cualquier «imposición» del Gobierno. La presidenta balear subrayó que en un año han llegado 6.000 inmigrantes ilegales al archipiélago, muchos menores «que han llevado al límite los servicios de acogida». La consejera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, subrayó que es «materialmente imposible».

Galicia

Alfonso Rueda también criticó que sea Carles Puigdemont desde Waterloo quien decida el número de menas que tienen que ser acogidos en cada comunidad. "Somos una comunidad autónoma solidaria, lo hemos demostrado siempre. (...) A día de hoy las plazas para acoger a menores están absolutamente colmatadas», avisó, por lo que, si se pretendiera ampliar la cifra, se necesitaría planificación, financiación y consenso, e indicó que estudiarán la posibilidad de recurrir este decreto.

Andalucía

«Quien decide la política migratoria en nuestro país, incluso los cupos migratorios, no es el conjunto del país, no son las Cortes Generales, ni siquiera es el presidente del Gobierno, sino un prófugo de la Justicia que vive a más de 2.000 kilómetros de España», lamentó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recalcó que no aceptará un «chantaje permanente» del líder de Junts a Sánchez ni una «cesión permanente» del PSOE al independentismo. Su Gobierno estudiará la posibilidad de presentar un recurso cuando tengan la información.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recriminó al Gobierno de Sánchez que vuelva a «utilizar a los menores como cesión a sus socios» y aseguró que la región «defenderá sus competencias y no tolerará un reparto absolutamente arbitrario al dictado del separatismo» ni aceptará «más trampas» del Ejecutivo. A su juicio, este «dinamita la política de inmigración y la España de las autonomías».

Castilla y León

Para Alfonso Fernández Mañueco, el reparto de menores debería ser «acordado y jamás impuesto». El presidente de Castilla y León acusó a Sánchez de «mercadear» con los inmigrantes para «mantenerse en el poder» y anunció que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la región para recurrir el decreto. Asimismo, recalcó que actualmente esta comunidad tiene acogidos a casi 200 menores y que su sistema de acogida se encuentra «al límite de su capacidad».

Extremadura

Desde la Junta de Extremadura, este martes manifestaron que consideran este acuerdo una «falta de respeto» hacia el resto de comunidades autónomas. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, criticó que no se abordara el reparto en la Conferencia Sectorial de Inmigración del lunes, lo que entiende que es una «absoluta deslealtad» por parte del Gobierno central. Según expresó, dicho pacto «nace de otro con tintes absolutamente xenófobos».

Cantabria

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga señaló que Cantabria acogerá menores en función de sus posibilidades y «siempre que se asegure financiación» hasta la «emancipación» de estos menores, según trasladó la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que reclamó al Ejecutivo de Sánchez «lealtad institucional, información y colaboración». E indicó que están esperando tener información para estudiar una posible defensa a nivel jurídico contra el decreto.

La Rioja

Y desde La Rioja, el Gobierno de Gonzalo Capellán, exigió al Ejecutivo central «lealtad institucional y diálogo». «Un acuerdo del Gobierno con una sola comunidad no puede ser, tenemos que llegar a acuerdos entre todas las comunidades autónomas; para eso existen las conferencias sectoriales y no es algo que digamos solo para menores migrantes, lo decimos también para financiación y otros tantos asuntos», señaló el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, que reprochó no tener nada de información al respecto y haberse enterado por los medios de comunicación.