Conde-Pumpido trata de bloquear la consulta de la Audiencia de Sevilla en Europa contra la sentencia de los ERE

Es un secreto a voces en el seno del Constitucional que a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, no le ha sentado nada bien que la Audiencia Provincial de Sevilla prepare una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el 'enjuague' con el que la mayoría izquierdista desactivó las condenas del Supremo a los líderes políticos de los ERE de Andalucía. El «cabreo» del veterano jurista gallego es «evidente».

Por ello, desde que se hiciese pública la decisión del órgano andaluz, y tal y como ha podido saber El Debate, Conde-Pumpido ha puesto en marcha la maquinaria en un intento por bloquear las reacciones de los tribunales ordinarios que cuestionan los fallos de la Corte de Garantías y apelan a la inaplicación de los mismos.

Así las cosas, el titular del TC busca la ocasión y el modo de activar una posible discusión jurídica sobre el precedente de una providencia del la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), fechada el pasado mes de febrero, y de la que ha tenido conocimiento de manera extraoficial. En aquella resolución, el órgano madrileño decidió escuchar a las partes personadas en un proceso de impugnación de un laudo arbitral, sobre la posible conflictividad de éste con el derecho comunitario.

Lo hizo al hilo de una sentencia dictada por la Sala Primera del Constitucional, el 2 de diciembre de 2024, en la que se declaró la nulidad de un fallo del TSJM que había tumbado parcialmente en el laudo arbitral dictado a favor de Auro New Transport Concept, S.L frente a Cabify España S.L.U.

Sin embargo, a juicio del TC el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se extralimitó en la revisión de los laudos arbitrales para lo que entró en el análisis de una cuestión de fondo que no está permitida ya que la única posibilidad, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, es la del control externo de los mismos. Un argumento que Conde-Pumpido aspira a reflotar en el caso de la Audiencia de Sevilla para «defender su jurisdicción» cuando un tribunal, como hizo entonces con el TSJM, no respeta «el principio» por el que los jueces interpretarán y aplicarán las leyes en función de los preceptos constitucionales y, en todo caso, «conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».

La fórmula es rebuscada y, por ello, el presidente del TC ha sondeada a varios magistrados afines, como Ramón Sáez, para modificar la doctrina actual y, con ello, neutralizar ante Europa cualquier resolución como la adoptada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla en el asunto de los ERE o de la Sala Segunda del Supremo en los recursos de los líderes independentistas del procés a los que se les ha denegado la amnistía para el delito de malversación.

Se trataría de invalidar la providencia de Sevilla o, incluso, el Auto de la Sala Penal del Alto Tribunal –alegando el exceso de las preguntas a Europa contenidas en los mismos– para que no puedan materializarse en cuestiones prejudiciales. Un escenario que supondría, a juicio de los expertos consultados por este diario, «dinamitar» las bases mismas de la cuestión prejudicial (artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la UE) que no puede ser «alterada» por ningún órgano nacional de ninguna jurisdicción.