Sánchez acelera sus pagos a Puigdemont para reavivar una legislatura mortecina

Cándido Conde-Pumpido hizo oficial este lunes lo que hasta ahora era oficioso: el Tribunal Constitucional tiene intención de pronunciarse sobre la ley de amnistía antes del verano, y toda la clase política presiente en qué sentido lo hará el máximo intérprete de la Carta Magna.

El del presidente del TC fue el segundo guiño que recibió Carles Puigdemont en dos días, después del que le hizo José Luis Rodríguez Zapatero el domingo en La Vanguardia. El expresidente del Gobierno, al que Pedro Sánchez ha conferido el papel de deshollinador político, se manifestó partidario de caminar hacia el «reconocimiento nacional de Cataluña».

En realidad, Zapatero dijo más: reveló que en ello están ya el PSOE y Junts. O, más concretamente, él y Puigdemont. «Hay un diálogo de fondo con Junts per Catalunya, hay un diálogo de fondo con Carles Puigdemont, que no se refiere al día a día de la legislatura, que no se ciñe a esta o aquella votación en el Congreso de los Diputados, que va más allá de lo coyuntural y que busca una solución de fondo a la cuestión de Cataluña», señaló.

El Gobierno está acelerando las concesiones al prófugo para tratar de reavivar una legislatura mortecina y poder empezar a negociar los Presupuestos de 2026; una vez Puigdemont pueda poner un pie en España sin ser detenido. En lo que va de año, Junts ha engordado su saca sustancialmente en materia de financiación, recaudación de impuestos, infraestructuras, lingüística, judicial, de inmigración y de seguridad.

Todo ello después de un inicio de 2025 accidentado: en enero, Puigdemont llegó a anunciar la suspensión de las negociaciones con los socialistas en diversos ámbitos, harto de incumplimientos. Por aquel entonces, Junts tenía registrada en el Congreso una proposición no de ley instando al presidente a someterse a una cuestión de confianza.

Este mismo lunes empezó a andar el nuevo canal de RTVE íntegramente en catalán en Cataluña. Durante su presentación, el presidente de la radiotelevisión pública española, José Pablo López, lo definió como una herramienta para «neutralizar el retroceso del catalán». En el acto estuvo acompañado por el que es el consejero de RTVE a propuesta de Junts, Miquel Calçada, para que quedara constancia de la paternidad de la iniciativa.

A principios de marzo, el PSOE y Junts cerraron el acuerdo de la delegación de las competencias en materia de extranjería e inmigración a Cataluña. Un pacto que llevaban meses negando los socialistas, en tanto que son competencias exclusivas del Estado, según la Constitución. Pero pasó, aun cuando Junts quiere utilizarlo (cuando vuelva a gobernar en Cataluña) para vincular la concesión de permisos de residencia al grado de conocimiento del catalán.

Días más tarde, Gobierno e independentistas pactaron un reparto obligatorio de menores extranjeros, a través de un decreto ley del Consejo de Ministros. Y a cambio de que Cataluña reciba a un número mínimo, puesto que los criterios pactados entre socialistas e independentistas están pensados para favorecer a Cataluña y perjudicar a otras comunidades gobernadas por el PP.

Sin hacer demasiado ruido, el Gobierno ha empezado también a ceder a Cataluña el 100 % de los tributos que recauda, con el fin último de que la comunidad tenga una Hacienda propia. La prueba piloto será el impuesto de matriculación, después vendrán el IRPF y el resto. Fue un pacto alcanzado en marzo en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Gobierno y la Generalitat de Salvador Illa, pero sin la presión de Junts no habría sido posible.

Ni eso ni la condonación de 17.104 millones de euros de deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico y el inicio del traspaso de Rodalies a la Generalitat (los trenes de cercanías en Cataluña), así como una inyección de 25,5 millones de euros para su financiación. También el despliegue de 25.000 agentes de los Mossos d’Esquadra hasta 2030 y la creación de 60 nuevas unidades judiciales en tres años. Aunque, a este último respecto, el objetivo final de Junts es un «Poder Judicial de la República catalana», en palabras de Puigdemont, para no tener que responder ante la española. Fue algo que ya recogían las llamadas «leyes de desconexión» que aprobó el Parlament catalán en septiembre de 2027 y, antes, el Estatut del año 2006 en su artículo 97, uno de los que después fueron declarados inconstitucionales por el Constitucional.

Por lo que se refiere a la consulta, insinuada por Zapatero en su entrevista en La Vanguardia sin mayor concreción, en el pacto de investidura entre el PSOE y Junts estos últimos dejaban claro que su fórmula es la de «un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución». Es decir, convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno.