Cristina de Vicente: «España se parece cada vez más a Polonia con sus intentos de controlar la Justicia»

Cristina de Vicente (Bilbao, 1966), es una magistrada en la Audiencia Provincial de Vizcaya y miembro de la directiva de Foro Judicial Independiente (FJI), asociación profesional creada hace más de veintitrés años para desvincular la actividad de jueces y magistrados de toda cuestión política y luchar por la mejora de las condiciones laborales y profesionales de la Magistratura.

Por ello, y hasta que «no cambie el sistema de selección de vocales del Consejo General del Poder Judicial conforme establecen la Constitución y las recomendaciones europeas, FJI no presenta candidatos al órgano», explica De Vicente al comienzo de la entrevista.

- Ustedes han sido especialmente críticos con la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar del apoyo mayoritario de los cambios incorporados a la negociación. ¿Se mantienen tras varios meses de andadura?

- Todas las renovaciones han tenido un apoyo político mayoritario en España y eso no hace desaparecer sus problemas de origen. Hemos sido especialmente críticos en esta ocasión por una razón: había una oportunidad de que el impulso de la Comisión Europea provocara los cambios necesarios en el sistema de elección de vocales que la propia Comisión reclamaba. Después de 30 años de sistema parlamentario de elección de vocales y de que tanto el Partido Popular como el PSOE se negaran a hacer esta reforma, nos parecía una oportunidad que no se podía desaprovechar.

Lamentablemente se decidió renovar el Consejo sin reformar previamente el sistema de elección de vocales. Y aunque el acuerdo incluye la obligación de iniciar inmediatamente la reforma del sistema, ya hemos visto cómo ni siquiera el Consejo se ha puesto de acuerdo en presentar una propuesta de reforma. Ha propuesto dos: una por cada bloque ideológico. De modo que si, somos muy críticos con esta renovación. Este Consejo es nuevamente un apéndice del Parlamento y ese origen le incapacita para cumplir sus funciones.

- ¿Creen que el nuevo Consejo no ha sido suficientemente crítico con los numerosos ataques a jueces y tribunales de nuestro país?

- El nuevo Consejo, como los anteriores, tiene muy difícil cumplir con sus obligaciones constitucionales. La selección de vocales, tanto juristas (ocho), como jueces (doce), no se guía ni por la independencia de criterio ni por el reconocido prestigio sino por la afinidad ideológica con los partidos políticos que participan en la selección. Hay una proximidad tan evidente entre unos y otros que no es de extrañar la dificultad en ponerse de acuerdo a la hora de reclamar el respeto al poder judicial cuando las criticas provienen del poder Ejecutivo o Legislativo. El ambiente generalizado de deslegitimación de la función judicial en el que vivimos desde hace tres años tampoco ayuda.

Nos preocupa la reforma de la acción popular que busca debilitar la persecución de los delitos que afectan al entorno del presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado

- La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, se comprometió a devolver el prestigio a la institución y a realizar los nombramientos discrecionales con rigor y transparencia. ¿Cómo valoran su actuación?

- Sólo se puede devolver el prestigio al Consejo cumpliendo con las recomendaciones de la Unión Europea. En cuanto a los nombramientos discrecionales estamos muy decepcionados. Se consagra el clientelismo en las designaciones. A la vista de todos. Las asociaciones de jueces con presencia en el Consejo reparten los cargos entre sus asociados en una abrumadora mayoría. Este reparto permite luego hablar de jueces conservadores y progresistas en las presidencias de los tribunales y en el Tribunal Supremo. Un problema exclusivo de los jueces no de los políticos y que hoy por hoy está sin resolver. En mi opinión, es una consecuencia directa del sistema parlamentario de elección de vocales.

Un sistema que propicia el contacto entre jueces y políticos. Hemos solicitado la implantación de criterios objetivos en la selección y se han denegado con el argumento de que «hay prisa». Nuevamente la solución es cumplir con las recomendaciones de Europa .

- ¿Cómo está afectando, a su juicio, el lawfare aceptado por el actual Gobierno?

- Quienes critican el lawfare son precisamente quienes promueven el lawfare y quienes proponen que la selección de jueces se guíe por criterios de afinidad ideológica. Afortunadamente en España, todas las resoluciones de los jueces y las investigaciones penales, como estamos viendo, son supervisadas por tribunales de apelación garantizando que las decisiones que se toman se ajustan a la ley. De esta forma has quedado probado que el lawfare no es más que una manera de deslegitimar al juez cuando sus resoluciones no gustan al político. Mientras que, a diario, los ciudadanos aceptan con normalidad las decisiones de los jueces en la resolución de sus litigios.

- ¿Qué pueden hacer los jueces y magistrados para defenderse?

- Pienso que los jueces tienen que cumplir con su función. Entre las funciones de los jueces individualmente y como colectivo está reclamar las reformas necesarias para garantizar la independencia del poder judicial. Más allá de esto son los ciudadanos, la sociedad, los que deben tomar conciencia de sus derechos y exigir que no haya retrocesos en las garantías de un Poder Judicial independiente. Sólo un Poder Judicial independiente es garantía de los derechos individuales de los ciudadanos y del sometimiento del Gobierno y de la Administración al Estado de Derecho.

El lawfare no es más que una manera de deslegitimar a los jueces cuando dictan resoluciones que no gustan a los políticos

- ¿Considera que la Ley de Amnistía, que el presidente del TC ya ha anunciado que tendrá respuesta antes del verano, supondrá un antes y un después?

- La Ley de Amnistía ha suscitado una crítica prácticamente unánime. Desde mi punto de vista, como magistrada de la jurisdicción penal, supone la quiebra del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. No solo lo prohíbe la Constitución sino los principios más básicos, como el valor Justicia que informa todo el ordenamiento jurídico porque se crean dos tipos de ciudadanos: los que tienen capacidad de influir en el Gobierno para modificar las leyes en su beneficio particular y los que no, que son la mayoría. Para estos últimos no hay indultos, ni amnistías y los preceptos penales no cambian tras haber delinquido o cuando se han fugado. Las penas no se acortan, las normas son inmutables, y el tratamiento penitenciario, también.

- Muchos son los que aventuran que el Constitucional prepara una solución favorable… ¿Busca el choque con el Supremo?

- No lo creo, sinceramente. El problema del Tribunal Constitucional es la selección de sus magistrados que responde a la lógica de la política partidista. Eso ha acabado con su prestigio y todos lo lamentamos.

- ¿Es recuperable el desprestigio en el que parece haberse instalado el TC? ¿Hay algún mecanismo para frenarlo?

La selección de magistrados del TC corresponde al Congreso de los Diputados, Senado, Gobierno y CGPJ. Una cultura de respeto al Estado de Derecho exigiría excluir de la selección a políticos en activo, expolíticos y personas que hayan sido depositarias de confianza política en sus trayectorias profesionales. Asimismo, exigiría primar el mérito y la independencia de criterio por encima de cualquier otra consideración. Esas personas existen, pero lamentablemente no están en el Tribunal Constitucional.

- ¿Y la Fiscalía General del Estado?

La FGE nos preocupa mucho a todos. Es una pieza clave del Estado de Derecho. Debe tener similares garantías de independencia que los jueces. El deterioro de la Fiscalía no es sino consecuencia de un actuar en clave política, que se está llevando por delante el prestigio de la institución, causando daños irreparables. No solo los nombramientos que ha hecho el FGE han sido corregidos de forma muy severa, sino que es incompatible la defensa que está haciendo en la causa penal que tiene abierta, con el estatus que ostenta.

El Gobierno quiere ablandar los exámenes de la oposición judicial, eliminando casi la mitad del temario e introduciendo un factor de subjetividad a través del caso práctico

- En su día a día, ¿cómo valoran la reciente reforma del sistema de mediación previa a la tutela judicial?

- La Ley de Eficiencia Procesal introduce una medida controvertida como es la mediación obligatoria en todos los procesos civiles. En los procesos penales cambia la competencia para investigar y juzgar los delitos contra la libertad sexual que se atribuye a los jueces y secciones de violencia contra la mujer. Son cambios profundos que se realizan en nombre de la «eficiencia», pero que en realidad han sido improvisados, no están respaldados por estudios que los justifiquen y se hacen con presupuesto cero.

Esta norma introduce un cambio en la organización de los juzgados, eliminando la oficina judicial que depende del juez, algo que funcionaba correctamente. Sin embargo, los cambios que se necesitan no se hacen: aumentar el número de jueces y agilizar los procedimientos eliminando trámites innecesarios. Es algo muy simple y urgente. Si se quiere eficiencia habrá que contratar a muchos más jueces y reducir la duración de los procedimientos. Eso y separar la Justicia de la política. Las recetas se conocen.

- ¿Qué otras reformas les preocupan?

- Nos preocupa mucho la reforma de la acción popular que elimina en la práctica la participación de los ciudadanos en la administración de justicia y es una figura clave para perseguir la corrupción. Persigue debilitar la persecución de los delitos que afectan al entorno del presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado.

También, la modificación del actual sistema de acceso a la carrera judicial, por oposición libre, que garantiza que cualquier persona con independencia de su ideología puede ser juez en base a su esfuerzo individual. Por este sistema acceden anualmente a la carrera un 70% de mujeres. Y goza de mucho prestigio en la Unión Europea. Sin embargo, es una prioridad para el Gobierno ablandar los exámenes eliminando casi la mitad del temario e introducir un factor de subjetividad a través del caso práctico. Al mismo tiempo se privilegia con cinco años de antigüedad a los magistrados que acceden por el cuarto turno y se propone estabilizar a los jueces sustitutos en las mismas condiciones que los titulares.

También está en marcha una reforma del centro de estudios jurídicos para controlar la preparación de las oposiciones, una reforma del Comité de Ética judicial para introducir cuatro profesores de ética nombrados por el Parlamento y una reforma de las salas de gobierno que votamos los jueces, para reducir el número de candidatos elegibles.

En definitiva, un conjunto de reformas, cuyo fin es controlar al Poder Judicial por la base y que nos recuerda mucho a lo que ocurrió en Polonia. Las reformas que necesitamos, sin embargo, no se hacen.