«Chanchullo colosal»: Óscar López y otros ministros pidieron la dimisión de Ayuso por un ático al final legal

El empresario Alberto González Amador obtuvo una resolución judicial firme a su favor en el litigio que mantenía con el Ayuntamiento de Madrid por unas obras de reforma en su residencia habitual. El Gobierno cargó contra Isabel Díaz Ayuso a raíz de la investigación judicial que afectaba a su pareja, el empresario Alberto González Amador, quien admitió ante la justicia la comisión de dos delitos fiscales. Óscar López y Félix Bolaños, coincidieron en denunciar lo que consideran una estrategia de distracción por parte de la presidenta madrileña y su equipo para evitar responder a las preguntas esenciales del caso, que, a su juicio, ponen en duda la integridad del entorno de Ayuso.

Durante una visita a las instalaciones de HP en León, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó de «chanchullo colosal» la operación inmobiliaria relacionada con el ático en el que vive la presidenta madrileña junto a González Amador.

Según este último, el piso fue adquirido por su asesor fiscal, quien luego le ofreció un contrato de alquiler con opción a compra por 5.000 euros mensuales. «Esto no lo puede justificar ningún responsable público. Si fuera otro político en esta situación, ya habría tenido que dejar la política», denunció López.

El ministro ironizó con que detrás de este entramado está, según él, la Comunidad de Madrid, en lo que calificó como un ejercicio de «verdadera economía circular», insinuando que hay una connivencia institucional para encubrir privilegios personales.

Bolaños criticó a Ayuso, pero defendió a García Ortiz

Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, insistió en que lo verdaderamente relevante del caso no es la supuesta filtración de datos personales desde la Fiscalía, sino el hecho de que Alberto González Amador haya confesado haber defraudado a Hacienda.

En una entrevista concedida a TVE el pasado mes de enero, Bolaños acusó a Ayuso y a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, de lograr desviar la atención pública hacia una presunta filtración, cuando lo fundamental es el origen del proceso judicial: la comisión de delitos fiscales por parte de su pareja.

«El foco no puede estar en el dedo que señala, sino en la luna. Y la luna aquí es que alguien ha confesado un fraude a todos los ciudadanos, y que con ese dinero podría haberse financiado una vida de lujo que también alcanza a quien le acompaña», expresó Bolaños, quien considera «muy relevante» la comparecencia judicial de Rodríguez, prevista para esta semana. Según el ministro, el jefe de Gabinete de Ayuso deberá enfrentarse a un ejercicio inusual para él: «decir la verdad».

Asimismo, Bolaños defendió en su día al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra en el centro de las acusaciones del entorno de Ayuso por la supuesta filtración. El ministro sostuvo que García Ortiz «ha hecho lo que debe hacer cualquier fiscal general: perseguir el delito y contar la verdad», y denunció los intentos de «amedrentar» tanto a fiscales como a periodistas y funcionarios públicos implicados en el esclarecimiento del caso.

La Justicia confirma que las obras en la vivienda fueron completamente legales

El empresario Alberto González Amador obtuvo una resolución judicial firme a su favor en el litigio que mantenía con el Ayuntamiento de Madrid por unas obras de reforma en su residencia habitual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de la capital, ratifica que los trabajos realizados en el inmueble se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente, desestimando así las alegaciones presentadas por el consistorio madrileño.

Según el fallo judicial, al que pudo tener acceso El Debate, González Amador cumplió escrupulosamente con los trámites administrativos requeridos para este tipo de actuaciones urbanísticas. En concreto, presentó en plazo toda la documentación exigida, incluyendo los planos de la vivienda, la memoria técnica descriptiva de las reformas, el presupuesto detallado de ejecución, así como los justificantes tanto de la autoliquidación de la Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos (TPSU) como del abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).