El borrador del Constitucional propone avalar la 'ley trans' de Montero recurrida por el Partido Popular

Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) lleva en su orden del día del Pleno, debatir sobre la denominada 'ley trans' de Irene Montero, que fue recurrida por el Partido Popular. Ya existe un borrador de sentencia para resolver la impugnación que, en lo esencial, propone dar luz verde a la polémica norma. Sin embargo, el debate entre los magistrados se prevé largo y bronco ya que, por el momento, no hay unanimidad en el bloque izquierdista de la Corte.

No en vano, el texto redactado por el magistrado Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia con Pedro Sánchez, ha elevado a sus compañeros una resolución en la que avalar lo fundamental de la ley y estimar, parcialmente, a impugnación del PP en varios artículos menos relevantes, relacionados con la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.

Cabe recordar que el PP recurría el artículo 19.2 de la norma que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor y «siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada». Los de Alberto Núñez Feijóo también impugnaron los dos primeros apartados del artículo 43, que permite que los menores de 15 y 16 años puedan pedir el cambio de sexo en el Registro Civil asistidos de sus representantes legales y que las personas mayores de 16 años puedan pedirlo por sí mismas.

De la misma forma, han puesto en cuestión la legalidad de los apartados 3 y 9 del artículo 44, que para realizar dicho trámite exime de presentar informe médico o psicológico y de «la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

Han recurrido también el artículo 47, según el cual «transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente» siguiendo el mismo procedimiento.

Las tachas del PP se han dirigido asimismo contra el apartado 3.b) del artículo 79, que señala como infracción administrativa «la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que supongan, directa o indirectamente, un trato menos favorable» para las personas 'trans' «en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga».

Y contra los apartados 4 e) y f) del mismo precepto, que definen como infracciones administrativas graves «la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales»; y «la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy graves».

Las diferencias de opinión en el bloque mayoritario han ido en aumento, por lo que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sopesa retirar este punto del orden del día para revisar la ponencia en busca del consenso necesario para que salga adelante. Las mismas fuentes señalan que será este lunes cuando se decida si finalmente se aplaza a próximos Plenos.