La exministra de Vivienda y presidente de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Las irregularidades archivadas de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas
El Ministerio de Vivienda en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando lo dirigía Beatriz Corredor, actual presidenta de Red Eléctrica de España, fue investigado por el Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia por presuntas irregularidades en contratos de publicidad a Crespo Gomar, consultora que trabajaba para el PSPV durante aquella época, por un importe de 126.208 euros.
El contrato para la «realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda de 2009-2012» se tramitó de forma urgente, aunque según el informe de la Intervención General del Estado, esa urgencia parecía «una imprevisión ya que el Plan de Vivienda no era algo sobrevenido». Tampoco constó en el expediente el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación e «incumpliendo el pliego de modo más grave» se procedió a la apertura de la oferta económica sin disponer antes de los informes técnicos.
La campaña se adjudicó por un importe de 126.208 euros a Crespo Gomar «con una cronología que resulta incoherente e imposible»: Tenía que «ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008» y la mesa resolvió dos días antes, y la factura estaba fechada el día 30 para que entrase en la anualidad presupuestaria de ese año. El contrato se remitió desde el Ministerio de Corredor a la empresa el 8 de enero de 2009.
En su declaración en la Comisión de Investigación del Senado sobre financiación de partidos políticos, en mayo de 2018, Corredor aseguró que «la competencia para contratación menor del Ministerio de Vivienda estaba delegada en la subsecretaría para aquellos contratos inferiores a 300.000 euros».
El Juzgado de Valencia se inhibió en las irregularidades del contrato adjudicado por el Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar a favor de los juzgados de Madrid, que sobreseyó finalmente el procedimiento y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que investigase si existía responsabilidad contable. El departamento Segundo archivó dichas actuaciones mediante Auto de 20 de febrero de 2020.
