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Ilustración Juan Carlos Peinado

El perfil

Juan Carlos Peinado, el régimen contra mí

¿Razón? Admitir a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez

En la sexta planta del Juzgado de Instrucción número 41 de la Plaza de Castilla de Madrid trabaja a destajo un juez, nacido en El Tiemblo, Ávila, de 71 años cumplidos en enero, al que el Gobierno de España ha puesto en el punto de mira de su inquina. ¿Objetivo? Cancelarle.¿Razón? Que hace más de un año admitiera a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, que ha arrastrado incluso al mismísimo rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ante la Justicia. No era el primer caso de campanillas del instructor, pero sí el único que afectaba a la mujer de un presidente del Gobierno que, según la querella, «prevaliéndose de su estatus personal» había firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés.

Por el juzgado de Peinado había pasado ya un manojo de sumarios polémicos. Por ejemplo, la imputación de una docena de medios por una supuesta revelación de secretos del caso de los CDR. O el desvío de fondos por parte de altos cargos de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desde la petrolera PDVSA hasta España. O el triple asesinato de Usera, cuando en 2016 un exmarine americano viajó a Madrid para matar al abogado que, según creía, había empezado a salir con su exmujer y provocó una matanza. O la denuncia contra dos concejales de Madrid por unos tuits ofensivos. O contra el futbolista Raúl González Blanco por irregularidades entre sus empresas. Peinado también llegó a citar al alcalde Almeida por mantener cerrados los parques en pandemia, si bien luego reculó.

Le han llamado «inspector Clouseau de la Justicia», personaje cómico, indecente, operador político de la derecha... Acoso y derribo a lo grande

Aunque no de todos esos casos salió su trabajo inmaculado, lo cierto es que nada es comparable con haber osado a indagar en la evidente inmoralidad pública de Begoña Gómez, que se aprovechó de su condición de mujer de un presidente del Gobierno para ganar dinero y labrarse una carrera mercantil y académica, que ni por asomo tenía antes de la llegada de su marido al poder. Toda la infantería sanchista, encabezada por su Consejo de Ministros en pleno y secundada y amplificada por la sincronizada mediática, ha sido lanzada contra la yugular de Peinado. La propia Abogacía del Estado y la Fiscalía General han intentado parar el procedimiento acusando al togado de lawfare, pero este ha sido avalado, aunque con límites, por la Audiencia Provincial de Madrid.

Todo ha servido para intentar torpedearlo: hasta ser padre de una concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, Patricia Peinado, fue utilizado en su contra para sembrar sospechas de sus vínculos con Génova. La prensa del régimen le acusó de una falsedad desternillante: tener un doble DNI. Se ha husmeado en su casa familiar de Madrid, en su situación financiera, en el trabajo público de su exmujer, en su segunda residencia en Ávila. Y nada se ha encontrado que pueda desestabilizar su desempeño. Le han llamado «inspector Clouseau de la Justicia», personaje cómico, indecente, operador político de la derecha, juez de pueblo, incompetente llegado por el cuarto turno y no por oposición. Acoso y derribo a lo grande.

El matrimonio Sánchez se querelló por prevaricación ante el TSJM contra él y fue desestimada la denuncia. Que citara a declarar en la causa al propio presidente, que acudiera el instructor al Palacio de la Moncloa para recibir la callada por respuesta, encorajinó al PSOE, pero no neutralizó el sumario, que sigue progresando adecuadamente, con cada vez más indicios de conductas irregulares de la consorte presidencial. Lo último que ha puesto de nuevo en pie de guerra a Ferraz es que Peinado haya imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por haber ordenado la contratación de la asistente de Begoña y también imputada, Cristina Álvarez, que fue pagada con dinero público, mas dedicaba su tiempo al trabajo mercantil de Gómez. El cerco al togado se ha reactivado en los últimos días desde que se ha empeñado, a pesar de la oposición de la Provincial, en investigar la relación de la encausada con Air Europa, compañía beneficiaria de un rescate durante la covid de 475 millones de euros.

Lo último que ha puesto de nuevo en pie de guerra a Ferraz es que haya imputado al delegado del Gobierno en Madrid por haber ordenado la contratación de la asistente de Begoña

Este exprofesor asociado de la Universidad Complutense es un juez tardío que hasta los 40 años no vistió la toga. Aunque lleva 30 de carrera judicial, antes ejerció como secretario de ayuntamiento y siempre quiso marcharse a la Audiencia Nacional. Por ello, se presentó a cubrir la plaza de refuerzo del Juzgado Central 6 de Manuel García-Castellón, cargo que no consiguió y le obligó a quedarse en el 41 de Plaza de Castilla. Los que le conocen aseguran que es extremadamente celoso con cualquier filtración de los casos que instruye y obsesionado con la discreción, al punto de que a veces, cuando habla con sus amigos por teléfono, lo hace en clave. De hecho, cuando admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias, ni siquiera pidió opinión a la Fiscalía y el asunto no trascendió hasta que los periodistas llamados a declarar recibieron la citación. Después, Pedro Sánchez se tomó «por amor» los famosos cincos días de asueto remunerados.

Antes de que accediera a Plaza de Castilla para sustituir a la magistrada Cristina Díaz, que fue nombrada directora general de Justicia por Cristina Cifuentes, pasó por los juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y Madrid, aunque parte de su carrera profesional la desarrolló en Toledo. El CGPJ le ha autorizado a continuar trabajando hasta enero de 2026. Para entonces tendrá 72 años, el máximo de edad permitido para su labor. Es de prever que en Moncloa tengan que hacer acopio de todos los antiácidos de la farmacia –a Bolaños, que tuvo que declarar ante él, le molesta hasta su sonrisa– porque el llamado «juez de pueblo» no se arredra y puede llevar al banquillo a la pareja de la segunda magistratura del Estado.

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