La UCO se reafirma en el informe que apunta a García Ortiz como responsable de la filtración sobre el novio de Ayuso

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sido claros. Se «ratifican» en el Supremo en el dictamen policial que remitieron al instructor de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Un atestado en el que se apuntó a la «participación preeminente» del máximo titular del Ministerio Público en la presunta filtración de datos protegidos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien a su vez está citado como testigo el próximo día 23 de mayo.

Los agentes que, actuando en calidad de peritos, declaraban hoy ante el juez Ángel Hurtado, por el informe clave de la causa que se sigue contra García Ortiz, se han reiterado en la totalidad del documento, en el cual, según ha podido saber El Debate, incluyeron todo lo que «consideraron relevante» dejando fuera el resto.

De hecho, y ante el intento por parte de la Abogacía del Estado, que representa al fiscal general en el caso, por desvirtuar algunas de las conversaciones de Whatsapp contenidas en el mismo, entre la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y García Ortiz, los peritos han defendido que algunos extractos de las mismas fueron omitidos para salvar, precisamente, «datos confidenciales» de los participantes en el chat. Como, por ejemplo, cuestiones médicas.

Una decisión que, sin embargo, no habría supuesto la alteración de las conclusiones reflejadas de su trabajo, toda vez que en el histórico de las comunicaciones analizadas, sí se hablaba de «aspectos relevantes para la filtración», perfectamente contextualizados sin esos detalles sanitarios.

Sobre las informaciones periodísticas que fueron excluidas del informe, los agentes han explicado al juez, en respuesta a preguntas de los letrados públicos, se debió a que en tales noticias no hubo referencia alguna al «correo litigioso». Es decir, los agentes se limitaron a incorporar las noticias que «sí permitían vislumbrar» la filtración.

Así las cosas, una vez que hubieron confirmado que el contenido del móvil del fiscal general, «borrado» de manera deliberada, las pesquisas se centraron en el terminal incautado a la otra imputada en la causa, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre de 2024, de forma simultánea al de sus superior jerárquico.

Cabe recordar que la comparecencia de estos guardias civiles –técnicos especializados en diligencias tecnológicas– se ha producido a petición del propio García Ortiz quien, desde un primer momento, ha tratado de lograr, sin éxito hasta la fecha, que se anule cualquier indicio o prueba derivados de la entrada y registro en los despachos profesionales de los dos coimputados, tanto él como su subordinada.

García Ortiz pidió que los agentes que elaboraron ese informe comparecieran para ratificar o no su contenido y hacer las aclaraciones oportunas a petición de las partes, especialmente las defensas. Hurtado lo rechazó «porque, si de una ratificación se trata, nada aporta ello al propio informe» y, «en lo que a la aclaración concierne, es cuestión que corresponde, llegado el caso, en el acto del juicio oral».

Sin embargo, la Sala de Apelación recordó que la ley «permite al juez de oficio, o mediante la reclamación de los defensores de las partes, como es el caso, pedir a los peritos las aclaraciones necesarias», tanto en la fase de instrucción como en el juicio, por lo que admitió la diligencia, tras lo cual Hurtado puso fecha para esta misma mañana.

Un informe fundamental para la causa

Cabe recordar que este informe resulta fundamental en la investigación que el Supremo dirige contra los dos fiscales por la presunta revelación de secretos cometida contra González Amador en dos indicios claros: por un lado, la supuesta filtración a la prensa de que estaba siendo investigado por delitos fiscales; y, por otro, el mail del 2 de febrero de 2024 donde la defensa del empresario se ofrecía a reconocerlos para llegar a un acuerdo con el fiscal del caso, por aquel entonces, Julián Salto.

Hurtado también investiga la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 dando cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa y Salto para desmentir lo que el Ministerio Público consideraba un «bulo», en alusión a una noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 por 'El Mundo' donde se decía que fue el fiscal quien había ofrecido pactar a González Amador.

La UCO concluyó que «desde las 21:59, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51, hay tan solo un número muy reducido de personas» que tienen acceso a «todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa» y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un «comunicado», sino del «periodo temporal aproximado en el que éste se publicará».

En concreto, los agentes incidieron en que «estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos».

Al hilo, apuntaron que «la iniciativa y dirección en la acción de realizar la nota de prensa y, en su contexto, la de requerir los diferentes correos, es sostenida por el fiscal general del Estado, quien imparte de forma directa las órdenes para llevar a cabo la pretendida contestación» a las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación que no les eran favorables.

De los mensajes también se evidencia que aquella noche Rodríguez preguntó a García Ortiz a qué correo enviaba los 'emails' cruzados entre Salto y la defensa de González Amador. El fiscal general le dio una cuenta de gmail, a la que ésta se los remitió cuando, a su vez, los recibió del propio Salto, tal y como publicó en exclusiva El Debate.

La UCO señaló a la Fiscalía como responsable de dicha filtración y subrayó que la noticia sobre dicha denuncia se publicó en prensa el 12 de marzo, «es decir, tan solo cuatro días después» de que la Fiscalía General del Estado la recibiera «de manera completa» desde la Fiscalía Provincial de Madrid.

Este informe cobró mayor importancia después de que el Supremo constatara que no podría conocer el contenido del teléfono móvil del fiscal general porque, según le informó la UCO, García Ortiz los borró eliminando igualmente la cuenta de Gmail. El juez intentó recuperar esa información a través de WhatsApp y Google pero le remitieron datos sin interés para el caso.