Las comunidades del PP se alían para impugnar el guion de Sánchez en la Conferencia de Presidentes

Todas las comunidades gobernadas por el PP han decidido impugnar el orden del día de la Conferencia de Presidentes que el Gobierno convocó por sorpresa el pasado miércoles para el próximo 6 de junio en Barcelona. El Ejecutivo ha propuesto centrar la reunión en la vivienda, como ya hizo en la anterior -celebrada en diciembre en Santander- sin ningún resultado, y también en la formación profesional y universitaria, dejando al margen la reforma del sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, el grueso de las comunidades forzará la inclusión del que constituye el gran nudo gordiano del modelo territorial español, puesto que el PP tiene capacidad para hacerlo en la reunión del Comité preparatorio convocada para el día 28 de mayo, bajo la presidencia del ministro de Política Territorial (si para entonces ha vuelto de su baja médica). El Reglamento de la Conferencia de Presidentes estipula que, con su voto, la suma de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía pueden incorporar asuntos nuevos al orden del día. El PP preside 11 comunidades, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y además ocupa la Vicepresidencia de Canarias.

Los barones de Alberto Núñez Feijóo quieren obligar a Pedro Sánchez a hablar de los privilegios de Cataluña en plena batalla política y ahora también judicial por la quita de la deuda que Sánchez asumió como peaje a ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero, los consejeros del PP abandonaron la reunión en la misma cara de la vicepresidenta María Jesús Montero para no votar. Pero, aun así, la propuesta de condonación de 83.252 millones de euros a todas las comunidades del régimen general (17.104 de ellos para Cataluña) salió adelante con el sí de Cataluña y Asturias y gracias al voto de calidad del Ejecutivo, que representa la mitad de los votos.

La semana pasada, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en contra este acuerdo, que «discrimina entre regiones y favorece a aquellas más endeudadas, primando así la irresponsabilidad fiscal», según el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Un problema estructural

La tesis de las comunidades del PP sigue siendo la misma que defendieron en diciembre en Santander, con nulo éxito, y que reiteró este jueves el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo: el problema de las comunidades no es de deuda, sino de financiación de los servicios públicos. Es estructural. Y ello pasa de manera imprescindible por una reforma de un modelo caduco desde hace 11 años.

Esa misma visión la comparte también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que hace dos días reclamó un calendario serio para embridar de una vez por todas este problema, «sin privilegios ni mesas aparte». Además del modelo de financiación, las autonomías del PP quieren que ese marco sirva para debatir sobre la política energética, la hidrográfica y la escasez de médicos, que lastra la atención sanitaria.

En las últimas horas, diversos presidentes regionales del PP han advertido de que la Conferencia de Presidentes no puede ser un diálogo de sordos, como aseguran que fue la anterior. Entonces ocurrió algo inédito: al término, Gobierno y comunidades no pactaron ni un solo acuerdo, ni tan siquiera una recomendación, que son las dos fórmulas habitualmente empleadas en este foro. Los acuerdos deben aprobarse por consenso; las recomendaciones, por el presidente del Gobierno y dos tercios de los presidentes autonómicos presentes.

En esta ocasión, se temen que el guion sea el mismo y el resultado, también: cero. Y que el presidente insista en presionar a las comunidades del PP para que apliquen la ley de vivienda y los topes al alquiler, y también para que convenzan a Feijóo de que desbloquee la reforma de la ley del suelo del Ejecutivo.

«Mucho me temo que lo que están dibujando es una gran foto y un cortafuegos informativo, para que no hablemos de la complicidad entre la primera línea del Gobierno de Sánchez y la trama corrupta Ábalos y Koldo, se malició el presidente andaluz, Juanma Moreno. El murciano, Fernando López Miras, habló de una Conferencia de Presidentes «convocada en interés propio, para desviar los casos de corrupción de su partido y de su propia persona». Y el gallego, Alfonso Rueda, denunció «otro intento más del presidente del Gobierno de instrumentalizar algo que debería ser profundamente institucional».

En el Reglamento que modificó en marzo de 2022, el Gobierno de Sánchez definió la Conferencia de Presidentes como «la clave de bóveda de este sistema reforzado de cooperación entre administraciones públicas», citando el ejemplo de la pandemia. «Este órgano ha de ser el referente de la colaboración entre instituciones» y, los acuerdos en alcanzados en él, «fundamentales para facilitar un ejercicio eficaz y leal de las competencias dentro de nuestro sistema constitucional».

Después resultó que las comunidades gobernadas por el PP incluso tuvieron que acudir al Tribunal Supremo para obligar a Sánchez a convocar el órgano, porque se pasó más de dos años y medio sin hacerlo. «Si no somos capaces de avanzar en la financiación en esa Conferencia de Presidentes, el fracaso está anticipado», vaticinó este viernes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sin demasiadas esperanzas.