La previsible condena a Ábalos dejará a Sánchez sin más margen para seguir huyendo

El PSOE aún tiene colgado en su página web el discurso de su entonces secretario de Organización en la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy y a su Gobierno en la primavera de 2018. Ése en el que José Luis Ábalos proclamó con solemnidad: «Esta es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia (…). El Estado tiene que tener un Gobierno con fortaleza y autoridad moral».

Hoy, aquel diputado que daba lecciones de honradez desde la tribuna del Congreso se sienta en el banquillo, acusado de los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Los mismos por los que es juzgado su exasesor Koldo García. Para el primero, la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel. Para el segundo, 19. Y para el empresario Víctor de Aldama siete, por colaborar con la Justicia.

El primer juicio a la corrupción de sanchismo, de la que será una larga lista, se celebra desde este martes en el Tribunal Supremo. Y lo hace sin que Pedro Sánchez haya asumido hasta la fecha ninguna responsabilidad política en una trama con epicentro en el Ministerio de Transportes, pero con ramificaciones y derivadas en los ministerios de Interior, Hacienda, Industria, Transición Ecológica, empresas públicas, los gobiernos regionales de Canarias y Baleares, la Moncloa y el PSOE, investigadas tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional.

El presidente no solo no se ha dado por aludido. Dentro de la realidad paralela que pretenden instalar los socialistas, estos salieron ayer a pedir cuentas a Alberto Núñez Feijóo por el caso Kitchen, cuyo juicio empezó este lunes en la Audiencia Nacional. Un caso de hace 13 años en el que se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior de Rajoy, que cayó hace casi ocho.

Sánchez fue capaz de sobrevivir al ingreso en prisión, el pasado junio, del que hasta hace días había sido secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. También a la entrada de la UCO en el despacho de este en la sede de Ferraz. En noviembre, resistió al encarcelamiento de Ábalos, solo ocho días después de que saliese Cerdán. Y a la detención, en diciembre, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, de Leire Díez y del socio de Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. Incluso a la apertura, también en diciembre, de una pieza separada para investigar los pagos en efectivo del PSOE, por si hubiese financiación ilegal.

Lo pudo hacer, en buena medida, por la permisividad de sus socios. De Sumar en primer lugar, pero no solo. Esta frase del portavoz de ERC en el Congreso en una comparecencia parlamentaria de Sánchez en julio, en plena tormenta, lo resume todo: «Si esto se queda aquí, en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar», afirmó Gabriel Rufián.

No obstante, si el que fuera su megaministro resulta condenado antes del verano, como todo apunta, Sánchez no podrá seguir «con la respuesta de siempre», parafraseando a Ábalos en su intervención en aquella moción de censura: «La elusión de cualquier tipo de responsabilidad política». Porque el que desde hoy se sienta en el banquillo fue el ideólogo de la campaña de las primarias que aupó a Sánchez a la Secretaría General del PSOE, y sobre la que pesan serios indicios de amaño, como se infiere de los mensajes incautados a Koldo García. También, el muñidor de la moción de censura y del primer Gobierno de coalición con Podemos.

Fue el ministro de Transportes que tuvo un poder casi omnímodo en la pandemia -y bien que lo aprovechó- y que estaba considerado el vicepresidente en la sombra. Aquel que cayó en desgracia en julio de 2021, sin ninguna explicación convincente por parte de Sánchez. En su comparecencia de fin de año en la Moncloa del pasado diciembre, este último llegó a sostener: «Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros», sostuvo, en referencia a la vieja foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado.

Este martes es un día especialmente señalado para el PP de Madrid, porque todo empezó con una denuncia que los de Isabel Díaz Ayuso presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2022, en la que pedían al ministerio público que investigase 13 contratos adjudicados por el Gobierno central en plena pandemia, sin concurso público y de forma opaca. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno asumió la causa, y el 21 de febrero de 2024 llegaron las primeras detenciones: las de Koldo García, su hermano Joseba y un por entonces desconocido Víctor de Aldama.

La noticia pilló a Ábalos en el Congreso, quien mostró su sorpresa. «Hasta donde yo sé tenía una vida muy normalita, me cuesta creerlo. Yo estoy tranquilo con lo que hice», afirmó. El iceberg comenzó a emerger imparable. El PSOE expulsó a Ábalos de su grupo parlamentario y en Transportes cayó el primer peón: el secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por mentir a la Agencia Tributaria y ocultar su relación con Aldama.

Fue el caso Koldo durante apenas unos días para después adquirir la magnitud de caso PSOE, una enorme masa de hielo contra la que se dirige el partido. Hoy se juzga el caso de las mascarillas, pero después vendrán el juicio al hermano de Sánchez y el resultado de las instrucciones del caso hidrocarburos, el del rescate de Plus Ultra, la pieza de los pagos en metálico del PSOE, el caso Begoña y la trama navarra de Servinabar.