El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
El juez cita al abogado del novio de Ayuso y a cuatro periodistas en el caso del fiscal general
Considera, sin embargo, que no es necesario llamar a los agentes de la UCO que elaboraron el informe sobre la eliminación de mensajes en el móvil de García Ortiz
El juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, que investiga la filtración de correos del novio de la presidenta de Madrid, Alberto González Amador, por parte del Fiscal General del Estado, ha llamado a declarar al abogado del novio de Ayuso y a cuatro periodistas de El País que aseguran que ellos tenían la información objeto de la investigación antes de que llegase a manos de Álvaro García Ortiz.
Se trata de que expliquen y ratifiquen el intercambio de mensajes a través de wasap entre los periodistas y el abogado según los cuales, los primeros preguntaron al abogado del novio de Ayuso acerca de su intención de reconocer dos delitos contra Hacienda el 12 de marzo de 2024.
De confirmarse esta comunicación, desbarataría el caso toda vez que la acusación contra el Fiscal General del Estado se refiere a que él transmitió la información el 13 de marzo, es decir, un día después. Si el 12 de marzo esa información ya estaba en manos de los periodistas significaría que el 13 no hubo filtración, que ya estaba filtrada.
La declaración de tres de los cuatro periodistas ya había sido solicitada por las defensas en enero, pero entonces el juez no lo consideró necesario. Desde entonces, los cuatro periodistas pasaron por una notaría para ratificar sus declaraciones, por lo que el juez ha optado finalmente por llamarles a declarar.
La declaración de los periodistas será el próximo 30 de mayo mientras que el abogado acudirá al Supremo tres días antes, el 27, para ratificar o no que los periodistas intentaron ponerse en contacto con él.
El juez, sin embargo, no ha acordado citar a declarar, como pedía la defensa de García Ortiz, a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que expliquen su informe en torno al presunto borrado de mensajes que realizó el Fiscal General del Estado de su teléfono móvil.