García Ortiz presenta dos actas notariales de periodistas afines para exculparse de las filtraciones

Álvaro García Ortiz lleva varias semanas preparando una serie de documentos con los evitar su procesamiento, ante el cada vez más inminente final de la instrucción que se sigue contra él en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado ha presentado, este miércoles, dos actas notariales en las que se recogen las comparecencias voluntarias de varios periodistas de izquierdas, algunos de los cuales ya fueron citados como testigos en la causa, para exculparle de futuros y eventuales cargos.

Sin embargo, ninguna de ambos documentos recoge ningún pantallazo o intercambio de comunicaciones entre los periodistas y terceros posibles informadores distintos de García Ortiz, sobre los datos protegidos el empresario Alberto González Amador, que ayuden a corroborar la veracidad de las declaraciones prestadas ante notario.

Un detalle que difiere, por ejemplo, del acta elevada por el ex secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, quien se dirigió a un fedatario público para dejar constancia del intercambio de mensajes mantenido con Pilar Sánchez Acera, la ex alto cargo de Moncloa que le proporcionó el pantallazo del mail cruzado entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, encargado del asunto tributario de la pareja de la presidenta de Madrid, antes de que éste viese la luz en varios medios de comunicación.

Entre los profesionales de los medios de comunicación que han prestado su versión de lo sucedido, en descargo de la investigación que cerca a García Ortiz, está José Manuel Romero del diario El País. Romero, por ejemplo, ha sostenido que conoció la existencia del intento de pacto entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Salto, a través de «fuentes fiscales» de la Comunidad de Madrid.

Desacreditar a la UCO

Ayer mismo, El Debate publicaba en exclusiva cómo el máximo titular del Ministerio Público habría puesto en marcha la maquinaria de su defensa judicial, ante la posibilidad de enfrentar, próximamente, una acusación formal que le obligue a sentarse en un banquillo de la Sala Penal del Supremo.

Para ello, habría puesto a trabajar a sus subordinados recopilando datos con los que desvirtuar, por una parte, los atestados policiales que se han ido entregando en el Alto Tribunal durante la instrucción del juez Ángel Hurtado; y, por otra, desacreditar la querella presentada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que, junto con la registrada por la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, daban origen a las pesquisas penales abiertas contra ambos.

Con tal propósito, García Ortiz habría encargado a varios de sus fiscales de confianza, alguno de ellos de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, que recabasen un histórico de errores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en otros casos de relevancia pública o mediática. Es decir, ejemplos de cómo las conclusiones o las calificaciones jurídicas iniciales de los agentes asignados a los mismos resultaron, más tarde, archivadas, anuladas o desvirtuadas durante la fase de juicio, hasta la absolución de los acusados.