Nuevo modelo para opositar: así cambiará la forma de acceder a altos puestos de la Administración

El ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado este lunes la «gran reforma de la Administración» que adelantó hace unos meses su ministro, Óscar López. Uno de los ejes sobre los que va a girar es incidir en la carrera profesional de los empleados públicos, en su especialización y formación. Para ello de modificarán los procesos de acceso del funcionariado, sobre todo de los niveles más altos, que en su oposición deberán pasar por un posgrado para conseguir la plaza.

Los funcionarios del Grupo A1 son aquellos que ocupan puestos de mayor responsabilidad y gestión dentro de la Administración Pública, mientras que los del Grupo A2 desempeñan funciones de gestión intermedia y apoyo técnico. Entre los primeros se incluyen jueces, inspectores de Hacienda, o técnicos de la Administración General del Estado. Entre los segundos figuran los técnicos de Hacienda, de Gestión Procesal, o Trabajo Social en la Administración.

Con este plan, Función Pública quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que se impartirá una formación posobligatoria a través de institutos y escuelas de formación por la que los aspirantes deberán superar otro examen para poder acceder a la plaza.

Con este nuevo modelo se convocarán más plazas de las necesarias para las oposiciones de los grupos A1 y A2. Los aspirantes tendrán que pasar dos exámenes. Primero tendrán que hacer una prueba de acceso para una formación específica. Quienes obtengan las mejores calificaciones cursarán un máster de dos años que finalizará con un examen para obtener la plaza.

Los funcionarios de los grupos C1 y C2, aquellos que no requieren titulación universitaria para acceder a sus puestos, también tendrán que hacer este curso, pero será una vez obtengan la plaza. En el resto de las categorías de oposición se mantendrá el actual sistema.

Según Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, este modelo garantizará de manera «real» la igualdad de oportunidades entre los perfiles que van a ingresar a un puesto público en estas categorías y permitirá superar el antiguo modelo de acceso al funcionariado consistente en la tasa de reposición.

En este sentido, Mapelli ha asegurado que, desde el punto de vista cuantitativo, la tasa de reposición se ha superado «con creces» y ha dejado de ser un problema para la Administración pública desde el punto de vista de la planificación, pero desde el punto de vista cualitativo este nuevo sistema de acceso al funcionariado permitirá dar una vía de entrada a las nuevas profesiones que han surgido.

Los funcionarios en contra

Para salir adelante, la reforma requerirá del respaldo tanto de los sindicatos como del Congreso de los Diputados. Desde CSIF se han mostrado en contra de este nuevo modelo, ya que, tal y como ha asegurado su presidente, Miguel Borra, no solucionará los «graves» problemas de las administraciones y de sus profesionales. Borra ha recalcado que el déficit de plantillas, con un 60 % que se jubilará a los 10 años, la alta temporalidad que ya es de un 30 %, con el consecuente incumplimiento de mandato de la Unión Europea, los procesos selectivos lentos y la alta tasa de reposición están impidiendo reforzar y dimensionar las plantillas.

Además, ha señalado los salarios bajos y desigualdades entre administraciones que están haciendo lo mismo. «Estamos casi en agosto y seguimos sin subida», lamenta Borra. En este sentido, desde el sindicato aseguran que retomarán las movilizaciones en septiembre para defender mejoras en la administración pública.

Los Inspectores de Hacienda también se han posicionado en contra. Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) aseguran que la intención es «demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano».

Según los inspectores, el plan pretende que una «selección» de personas, que acceden a una escuela por medio de un examen de conocimientos generales, puedan luego, «cuando ya se conocen sus nombres y apellidos», ser seleccionados para lograr la plaza en cualquier área competencial de la AGE. «El peor peligro es la errática idea de un funcionario seleccionado con un proceso en el cual será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad», ha advertido la Asociación. Por ello, los Inspectores de Hacienda han alertado de que «la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española».