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Foto de archivo de una central nuclear

Foto de archivo de una central nuclearPxhere

La Comisión del Senado aprueba instar al Gobierno a reconsiderar el calendario del cierre de las nucleares

La moción del PP ha salido adelante con 18 votos a favor, 13 en contra y una abstención

La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado dos mociones del Grupo Parlamentario Popular (GPP), una para instar al Gobierno a reconsiderar los planes de cierre de las nucleares y otra para elaborar una hoja de ruta para modernizar la planificación de la red de transporte eléctrico y distribución.

El senador popular Lucas Castillo, encargado de defender la moción sobre las nucleares, aprobada con 18 votos a favor, 13 en contra y una abstención, ha dicho que su grupo la ha presentado por «sentido común» y por «responsabilidad» con los territorios afectados, como en Trillo (Guadalajara), donde se perderían muchos puestos de trabajo.

Castillo ha defendido que es «puro sectarismo» querer cerrar unas centrales (nucleares) que «son las únicas capaces de aportar sincronía» al sistema. Y ha explicado que por lo que aboga el PP es por el mix energético, pero que esto también va de «garantizar suministros, precios razonables y un futuro para las próximas generaciones».

En contra han votado Izquierda Confederal, el Grupo Vasco y el Grupo Socialista, cuyos representantes han pedido información sobre el coste de la gestión de los residuos nucleares, se han preguntado por qué se quiere prolongar la vida útil de Trillo y no se menciona al resto de las centrales y han acusado al GPP de actuar como «comerciales» del lobby eléctrico.

«Si Trillo, Ascó y el resto de instalaciones nucleares han dado empleo y progreso al Estado ahora le toca a éste y a las eléctricas sobre todo, que lo devuelvan en forma de inversión, de empleo alternativo, de industria verde y de futuro», ha señalado desde ERC Jordi Gasseni.

El Grupo Socialista, por su parte, ha defendido la actuación del Gobierno, que, según ha sostenido, «ha impulsado un modelo de transición justa» coordinado con las comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas y trabajadores. A su juicio, la transición energética «no es reversible», sino «un mandato ambiental social y económico y un compromiso de país».