La indulgencia de Sánchez con Leire Díez contrasta con lo rápido que se querelló contra Peinado

Los fontaneros del PSOE Leire Díez y Javier Pérez Dolset ya acumulan cuatro denuncias en los juzgados (y el PP anunció este martes la quinta en las próximas horas), pero ninguna es del partido ni del Gobierno. Los socialistas siguen instalados en la tibieza, escudándose en que no emprenden acciones legales porque ningún juez de instrucción se las admitiría a trámite. Aun cuando existe una grabación del abogado Dolset en la que éste afirma categórico: «Esto es Pedro Sánchez directamente con Santos Cerdán, directamente con Leire (Díez)».

La semana pasada presentaron denuncias en los juzgados de Plaza de Castilla tanto Vox como las acusaciones populares del caso hidrocarburos, Hazte Oír e Iustitia Europa. A ellas se sumó este lunes la de la asociación de la Guardia Civil ASESGC por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la Justicia por buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Esta última incluye a un tercer denunciado: el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el caso hidrocarburos y con el que Díez y Dolcet contactaron para obtener información contra Balas.

La negativa del presidente y líder del PSOE a llevar a Díez y Dolset a los tribunales contrasta con la prisa que se dio Sánchez en querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado por citarlo a declarar como testigo en la causa que instruye contra su mujer. Y también por no dejarle declarar por escrito. La Abogacía del Estado, en representación de Sánchez, presentó una querella por prevaricación contra Peinado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el mismo día en que el presidente prestó declaración ante él, el 30 de julio de 2024.

En su escrito, los abogados acusaban al instructor de dictar resoluciones injustas a sabiendas, «que desprestigian y generan un descrédito gratuito a la Institución que representa Pedro Sánchez, sin que ello suponga desatender ni desconocer el total sometimiento de ésta a la Ley, al Derecho y a la acción de la Justicia». Un mes después, el presidente amplió su querella, después de que Peinado afirmara en una providencia que se podían sacar «conclusiones» del «silencio» de Sánchez. Puesto que éste se negó a declarar, acogiéndose a su derecho.

Tanto la querella de la Abogacía del Estado, como también la que presentó el abogado de Begoña Gómez en nombre de su representada, fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sus magistrados no apreciaron indicios de prevaricación, ni resoluciones injustas a sabiendas, ni tampoco otras «con el exclusivo propósito de perjudicar a la señora Gómez ante la opinión pública», como dejó escrito el abogado de la mujer del presidente.

En este caso, Sánchez, su Gobierno y su partido no han movido ficha en los juzgados ni parece que lo vayan a hacer. Hasta la fecha, los socialistas solo han abierto un expediente disciplinario contra su militante, sin adoptar medidas cautelares. Y solo cuando supieron que, en las horas siguientes (del pasado miércoles), El Confidencial iba a publicar un audio de Dolset señalando directamente a Sánchez y al secretario de Organización del partido como responsables de las cloacas. Díez declarará en los próximos días ante la Comisión de Ética y Garantías del partido.

Dicen en el Ejecutivo que están intentando, pese a todo, «defender a las instituciones del Estado» y que las víctimas son ellos. Pero el silencio en el que lleva sumido el presidente desde que estalló el escándalo está resultando atronador. Sánchez viajó ayer a Melilla para inaugurar el Hospital Universitario y, por octavo día consecutivo, rehuyó a la prensa, como informó El Debate.

El presidente ha tenido múltiples ocasiones para hablar desde el lunes 26 de mayo, pero no lo ha hecho. Ni ese día en una visita al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas; ni el martes pasado en la Moncloa; ni el miércoles tras su reunión con Ursula von der Leyen en Bruselas; ni el jueves después de mantener un encuentro con el primer ministro de Eslovenia; ni tampoco ayer en Melilla. Viernes, sábado y domingo estuvo, además, desaparecido, mientras diversos ministros de su Gobierno propagaban el bulo de la bomba lapa. Y eso que, solo una semana antes, Félix Bolaños había teorizado sobre el «ciclo del bulo» en una comparecencia en el Senado.

A mayores, todo apunta a que el Gobierno va a renunciar finalmente a llevar a la Justicia la filtración de los whatsapps del presidente a El Mundo, como prometió. La Moncloa mantuvo que lo haría incluso después de que una de las partes, el propio José Luis Ábalos, reconociera su participación en la publicación periodística. Oficialmente, el Ejecutivo sigue estudiándolo, pero extraoficialmente lo ha aparcado.