La nueva fábrica de nacionalizados de Sánchez: los saharauis a quienes les quitó el país y ahora les da el pasaporte español

Justo antes de que comenzara el pleno «escoba» previo a las vacaciones parlamentarias estivales, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen de la ley que concederá la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos bajo administración española, y abre una vía de opción a sus descendientes. La registró Sumar en marzo de 2024 y estuvo más de un año en la nevera, a base de sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta que se desbloqueó el 26 de junio, dos días después de que José Manuel Albares se declarase «totalmente favorable a que se conceda la nacionalidad a los saharauis que nacieron bajo administración española». Lo próximo: Pleno en septiembre y después el Senado.

Empecemos por lo que no existe: la cifra. Sumar habló de 50.000. El País publicó 70.000. La semana pasada, la diputada Verónica Martínez Barbero, de la plataforma izquierdista de la que se marchó Podemos dando un portazo, elevó este final de julio el cálculo a más de 80.000. Los promotores de la nacionalidad de los saharauis manejan una horquilla de 100.000 a 200.000 contando descendientes. Libertad Digital publicó 350.000. Siete veces de diferencia entre la primera y la última, y nadie ha corregido a nadie.

El único inventario disponible es el censo que Naciones Unidas elaboró para un referéndum que jamás se celebró: la MINURSO reconoció con derecho a voto a 86.386 saharauis, según el informe del secretario general S/2000/131, sobre la base del censo español de 1974, que registró unos 74.000. Han pasado veintisiete años: muchos de aquellos votantes han muerto y han nacido dos generaciones. El Gobierno no ha hecho la cuenta, por eso el baile de cifras que se manejan son un cálculo a ojo. Es el mismo referéndum que Sánchez ha traicionado sin mediar explicación en la sede de la soberanía nacional. Y sin que sus socios de coalición, tan presuntamente defensores del pueblo saharaui abandonen sus poltronas. Ande yo caliente, deben de pensar los ´bien pagaos´ cómplices del sanchismo. Pero los hechos son tozudos.

Primero Sánchez les quitó el país

El 14 de marzo de 2022, Sánchez firmó una carta al rey Mohamed VI en la que España pasaba a considerar el plan marroquí de autonomía «la base más seria, creíble y realista». El texto consta en el informe del secretario general de Naciones Unidas S/2022/733, y lo supimos porque lo difundió la Casa Real marroquí, no la Presidencia del Gobierno español. El Congreso reprobó el viraje con los votos de los propios socios de la investidura y del PP. Ocho meses después, el 14 de febrero de 2023, el PSOE se quedó solo votando en contra de una proposición de Unidas Podemos que daba a los saharauis exactamente lo que ahora presenta como conquista propia.

Falta el contexto que Ignacio Cembrero lleva años documentando en El Confidencial. El auto con el que el juez Calama archivó la denuncia por el espionaje con Pegasus reveló que el móvil del presidente estuvo expuesto catorce meses y que, en el mayor de los cinco ataques, el 19 de mayo de 2021, le sustrajeron 2,57 gigabytes. Ese fin de semana entraron diez mil marroquíes irregularmente en Ceuta. La carta se firmó diez meses después. El Pegasus Project, el consorcio de Forbidden Stories y Amnistía Internacional, atribuye esas operaciones a los servicios marroquíes. Rabat lo niega y nadie ha sido identificado judicialmente. Que cada cual saque sus conclusiones. Yo me limito a poner la cronología en orden.

La fábrica, la cocina y el guiso de Sánchez: el cuerpo electoral

La factoría gubernamental de españoles lleva años a toda máquina y ahora Sánchez añade nuevos ingredientes. La mal denominada ley de nietos llegó en octubre de 2022 sin un solo cálculo previo de beneficiarios: van 2,45 millones de solicitudes y 545.000 expedientes aprobados, con una denegación inferior al 2 %. Una fábrica en la que no se verifica con las garantías necesarias a quién se le otorga la nacionalidad. Para acreditar la condición de saharaui bastará, según el texto aprobado, con un DNI español aunque esté caducado, el recibo del censo de la ONU, un certificado de nacimiento, el libro de familia, el permiso de conducir, un recibo de pensión o un certificado de escolarización u hospitalización: documentos que en muchos casos no podrán cotejarse con registros españoles, igual que la partida de bautismo o las certificaciones de la dictadura cubana en la ley de nietos. Antes, hubo otra puerta, la ley sefardí de 2015, aprobada por el Gobierno de Rajoy, con 153.774 solicitudes y 72.297 concesiones: las asociaciones que han denunciado la ley de nietos comparan la rigidez documental de entonces con la manga ancha de ahora.

Y aquí se sirve el guiso. Un español de origen que reside fuera entra en el censo de residentes ausentes y vota en generales, autonómicas y europeas, en la provincia de su última residencia. Un extranjero nacionalizado que vive aquí entra en el censo de residentes y vota en todo. Un nacionalizado por la ley de nietos puede ser adscrito a la circunscripción que al Gobierno le convenga, hasta el punto de que tibiamente la JEC acaba de empezar a poner algo de orden tras la turbulenta sesión del pasado 16 de julio. Tres puertas al mismo escrutinio, y ninguna de las leyes que las abren dice cuántos van a cruzarlas ni por dónde.

En el CIS se cocinan las encuestas. Conviene advertir que esto es otra cosa: es la alta cocina de Sánchez: lo que se guisa aquí es el cuerpo electoral. En un país donde el último escaño se reparte por unos miles de votos, o menos, esto no es un detalle administrativo: es alta cocina electoral. En Zaragoza, en 2019, el séptimo diputado se decidió inicialmente por 77 papeletas entre PSOE y Ciudadanos.

Ojo al calendario y el as en la manga de Sánchez

El Gobierno y sus adláteres mediáticos niegan la mayor. Es decir, que su fábrica de nacionalizados vaya a influir en las próximas elecciones generales. Sus propias cifras le desmienten y dan la medida del colosal as en la manga que escondía Sánchez hasta que este medio lo descubrió. Los 320.000 inscritos en el voto CERA por la vía de presuntos nietos son solo el aperitivo. El ministro de Memoria Democrática aseguró que para el próximo verano serán medio millón. El argumento de que apenas vota el 6 % del censo CERA en las elecciones es una falacia. Lo importante es cuántos de sus nuevos fabricados votarán, a quién lo harán y a qué provincia están adscritos. Con que lo hagan unos pocos miles de los suyos, muchos de los cuales se han saltado la gigantesca cola de solicitantes, la cocina de la fábrica CERA puede otorgarle los restos que conforman la mayoría en el Congreso rechazada por las urnas en el territorio nacional.

Al presidente más tramposo de la democracia española, los saharauis le importan lo que un plato de arroz con camello, como demuestra su traición con Marruecos. La misma tarde del dictamen, el PSOE intentó, por indicación de Exteriores, suprimir del preámbulo las menciones al «pueblo saharaui» y cambiarlas por «población saharaui» para no irritar a Rabat. Sus propios socios se lo tumbaron.

La coartada de presuntas reparaciones históricas no es más que eso: una tapadera. Ninguna de las puertas abiertas por Sánchez ha sido cuantificada, muy pocas verificadas y menos aún explicadas al ciudadano al que nadie ha preguntado nada. El resultado es demoledor para la salud democrática de España: un censo agigantado por varias vías casi imposible de revisar a tiempo. Aunque algo ha empezado a cambiar: la pelota, ahora, está en el campo de juego del Tribunal Supremo y el árbitro electoral. Un motivo para la esperanza.