Las presiones de Bolaños cambiaron la mayoría de la Junta Electoral en una sesión turbulenta

La sesión en la que la Junta Electoral Central abordó este jueves la marea de escritos sobre la ley de nietos fue cualquier cosa menos plácida. Según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia, el ministro Félix Bolaños se empleó a fondo con miembros de la máxima autoridad electoral. La reunión fue de alto voltaje. Once de los trece vocales estaban en la sede en el Congreso de los Diputados, los dos restantes se conectaron por internet. Las discrepancias mantenidas provocaron que dos magistradas no quisieran llegar hasta el final. Otro de los magistrados, que en la deliberación parecía que estaba de acuerdo con quienes acabaron firmando el voto particular, terminó decantándose por el resto. De haber mantenido estos tres vocales sus posiciones, el resultado habría sido muy distinto: el árbitro habría prohibido a los consulados inscribir a quienes no probaran el exilio. Una victoria de Sánchez a través de su maniobrero ministro que consiguió darle la vuelta a la postura mayoritaria inicial en el último momento. El acuerdo se saldó sin unanimidad y solo cuatro vocales firmaron un voto particular contra la decisión de la mayoría.

El Debate reveló en exclusiva el contenido de ese voto particular: cuatro vocales, encabezados por el catedrático Carlos Vidal Prado, sostienen —y lo razonan en Derecho— que la instrucción de Sofía Puente es ilegal y que es ella, y no la Ley de Memoria Democrática, la que ha disparado el censo del exterior. No hace falta repetir aquí su demoledora argumentación jurídica. Basta con su conclusión: la Junta debió ordenar a los consulados inscribir en el censo solo a quien probara la causa del exilio, y no lo hizo. La pregunta es por qué.

Por qué se quedó a medio camino

Varias fuentes coinciden en un mismo relato: en los días previos, la mayoría de los vocales se habían mostrado partidarios de ir hasta el final ante lo que consideran una instrucción ilegal. Sin embargo, durante la sesión, algunos recularon de forma manifiesta. Con el ministro empleándose a fondo y dos magistradas reacias a llegar hasta el final, la mayoría optó por la salida más tibia: reconocer el problema del censo –encomendó a la Oficina del Censo un informe y una futura instrucción para homogeneizar cómo se asigna el municipio, y con él la circunscripción, de cada nuevo elector– sin entrar en la ilegalidad de fondo. Cuatro vocales les plantaron cara ante el atropello jurídico cometido por la instrucción de Sofía Puente y lo dejaron por escrito.

La mano del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es larga, y no es la primera vez que interviene en la que fue su «criatura»: la Ley de Memoria Democrática que él mismo diseñó cuando, además de ministro de la Presidencia, añadía a su cartera el título que lleva el nombre de la ley. Fue entonces cuando la hermana del ministro Óscar Puente, firmó la instrucción que, según el voto particular modificó ilegalmente la ley, a pesar de que cuatro días antes había asegurado que no podía excederse el ámbito de actuación al exilio porque así lo había establecido el legislador, como reveló El Debate. Además, Puente lo hizo a espaldas de la entonces titular de Justicia, Pilar Llop, según The Objective.

Ya el 1 de julio, cuando la polémica arreciaba, Bolaños ironizaba —según recogió EFE— al asegurar que su opinión sobre la ley de nietos era «la misma que tenía el señor Feijóo en el año 2022», y recordaba que el propio líder del PP defendió entonces el derecho a la nacionalidad de los hijos y nietos de quienes tuvieron que exiliarse. Lo que no mencionó es que fue él quien pergeñó el cambio de criterio de Sofía Puente. Tampoco que lo que la instrucción hizo ampliando el exilio a cualquier descendiente emigrado desde la Guerra Civil fue lo que llevaba pidiendo el PP desde hacía 19 años. Ni, mucho menos, que el Ejecutivo y sus socios votaron expresamente en contra de esa ampliación durante la tramitación la ley, concretamente a las enmiendas presentadas en el Congreso y el Senado por Ciudadanos solicitando la misma reivindicación histórica del PP.

El relato de Bolaños y de los hermanos Puente no se tiene en pie. Al Gobierno de Pedro Sánchez se le ha visto más que el plumero: el árbitro se ha quedado en la tarjeta amarilla cuando el reglamento pedía roja. Cuatro de sus vocales han pedido por escrito la expulsión. El partido no solo no ha terminado: acaba de empezar. Y lo que se juega en el terreno ya no es una investigación periodística, sino la integridad democrática de España.