El procesamiento se cierne sobre García Ortiz, que fue imputado por ir «más allá» de quienes tuvieron mero «conocimiento de la nota»

Dos resoluciones del magistrado Ángel Hurtado, juez asignado a las pesquisas que se siguen en el Supremo contra el fiscal general del Estado y la fiscal general de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos apuntaban, este mismo jueves, al cierre de la instrucción y el paso a una nueva fase del procedimiento.

En la primera de ellas, el instructor desestimaba la diligencia solicitada por la fiscal madrileña, Pilar Rodríguez, de requerir la totalidad de los correos intercambiados por Fiscalía y Abogacía del Estado con los abogados de Alberto González Amador en el marco de las diligencias que se siguen contra este último en un Juzgado de Instrucción de Madrid, por un presunto delito tributario; y, en la segunda, negativa también, denegaba los recursos de reforma de González Amador y de la acción popular ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra el rechazo a practicar varias nuevas diligencias más.

Con sendas negativas, el juez Hurtado descartaba la necesidad de recurrir a nuevos indicios sobre la presunta responsabilidad de ambos coimputados en los hechos por los que, supuestamente, desde la Fiscalía se revelaron datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, con la intención de ganarle «el relato» y perjudicarla como rival política.

Y, en una de ellas, además, el instructor recordaba cómo los investigados se encuentran en «tal situación» procesal «porque hay diligencias, que van más allá de la sola identificación de quienes, simplemente, pudieron tener conocimiento de la nota» de prensa en la que se recogió información protegida del empresario González Amador.

No en vano, «por sí sola», dicha maniobra, que dio comienzo al caso «sería insuficiente para derivar eventuales responsabilidades penales», si antes no se pone en relación con la filtración del mail de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del empresario, el fiscalista Carlos Neira, ofrecía un pacto al entonces fiscal asignado, Julián Salto.

De ahí el argumento por el que el magistrado habría rechazado la petición para que se analizaran los metadados de dicho comunicado, lanzado por la oficina de prensa de la Fiscalía madrileña, a las 10:20 horas del 14 de marzo de 2024, para determinar cuándo se creó el archivo, quiénes fueron sus autores, si hubo modificaciones y, en dicho supuesto, quiénes las hicieron.

«Sobre este particular», recordaba el juez Hurtado, «solo hay elementos, tras lo actuado, para presumir que en su elaboración exclusivamente pudieron intervenir los dos investigados», en referencia tanto a García Ortiz como a la jefa de la Provincial, Pilar Rodríguez.

Hasta tal punto que García Ortiz «ha asumido, personalmente, ser el autor de la nota, llegando, incluso, exculpar» a Rodríguez de «la participación que, presumiblemente, pudo tener en ella».

Así las cosas, y en espera de que tanto la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de este último, como la Fiscalía, registren los preceptivos escritos de petición de archivo de las actuaciones; el magistrado ya tiene sobre su mesa el consignado, este mismo jueves, en dicho sentido, por el nuevo abogado de la fiscal provincial Rodríguez y los dos presentados tanto por la APIF como por los letrados del empresario madrileño, en los que se solicita la apertura de juicio contra los dos imputados en el proceso.