La fiscal coimputada con García Ortiz en el Supremo pide al magistrado Hurtado que no la envíe a juicio

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha instado al Tribunal Supremo (TS) que se archive la causa en la que, hasta la fecha, ha estado coimputada con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

La fiscal, que recientemente abandonaba la defensa ejercida por la Abogacía del Estado para contratar a su propio letrado particular, sostiene en un escrito en el que pide el sobreseimiento de las actuaciones de investigación que se siguen contra ella, que no debe ser enviada a juicio. Sostiene, por una parte, que se limitó a cumplir las órdenes recibidas de su superior jerárquico, el titular del Ministerio Público Álvaro García Ortiz; y, por otra, que en todo caso la información contenida sobre González Amador en la nota de prensa que salió de su Departamento, no supuso ninguna irregularidad ni secreto revelado porque antes ya había sido publicada en varios medios de comunicación.

Así lo ha detallado el nuevo letrado de Rodríguez en un documento al que ha tenido acceso El Debate y que responde al término de la instrucción previa que, a la vista de los hechos, dan por finalizada todas las partes. De hecho, los abogados del novio de Díaz Ayuso solicitaban, este mismo jueves, todo lo contrario, que el juez Ángel Hurtado acuerde el procesamiento de los dos imputados, por un presunto delito de revelación de secretos.

Se acoge a la obediencia debida a su jefe

Como ya insistiera en su declaración la propia Pilar Rodríguez, como imputada en el Supremo, su representación jurídica insiste ante el instructor Hurtado en el argumento de que sus actuaciones, en todo momento, fueron derivadas de la obediencia jerárquica debida a su máximo superior jerárquico. De acuerdo con sus abogados, la fiscal se limitó a cumplir con «una conducta profesional desarrollada con arreglo a la normativa y pautas que rigen la actividad de todos los miembros del Ministerio Fiscal».

Y, para ello, pone como ejemplo a los también fiscales Diego Villafañe (mano derecha de García Ortiz en la Secretaría Técnica de la Institución) y Julián Salto (el fiscal inicialmente asignado a la investigación tributaria de González Amador). Ambos estuvieron imputados y, tras tomarles declaración, se archivó el caso para ellos. O, por ejemplo, Virna Alonso, la superior de Salto a la que éste se debía en dación de cuentas, dentro de Anticorrupción, que ni llegó a ser imputada, ni siquiera citada como testigo para dar su versión.

Los abogados de Rodríguez apuntan cómo «durante el tiempo que dichas actuaciones permanecieron en la Fiscalía Provincial de Madrid no se produjo filtración o difusión a terceros de la información obrante en las mismas», como un elemento exculpatorio. «De hecho, en ese momento ni mi representada ni en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid tenían conocimiento de que el denunciado tuviera relación alguna con la presidenta de la Comunidad de Madrid», apostillan.

La defensa subraya que no sería hasta que comenzaron las publicaciones en prensa, los días 12 y 13 de marzo de 2024, cuando Rodríguez volvió a intervenir, «nuevamente a petición» de García Ortiz, para que la noche del 13 de marzo reclamara a Salto la cadena completa de 'emails' que se había intercambiado con el abogado del empresario, como parte de sus negociaciones para llegar a un acuerdo.

En relación con la nota de prensa confeccionada por la jefa de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, y difundida la mañana del 14 de marzo, con sello de la Fiscalía madrileña, para desmentir lo que consideraba un «bulo», en alusión a lo publicado en prensa, indicando que había suido Salto quien había buscado el pacto, en vez de al revés, como ocurrió, la defensa de Rodríguez incide en que la fiscal solo visó el contenido de ese comunicado y que, al final, se publicó una versión modificada que ella desconocía.