La fiscal de Madrid cambia a la Abogacía del Estado por un fiscal en excedencia para defenderse en el Supremo

Los dos imputados en la causa que se sigue en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso han movido ficha, procesalmente hablando. Así lo recoge una Diligencia de Ordenación de la Letrada judicial (LAJ) adscrita al magistrado instructor Ángel Hurtado, a la que ha tenido acceso El Debate, en la que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha comunicado un sustancial cambio en su estrategia de defensa.

A partir de este momento, y en todo lo que pueda suceder en próximas fechas, con el procesamiento cada vez más cerca –tras la declaración este viernes del último testigo citado ante el Alto Tribunal, el querellante y supuesto perjudicado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña– la representación procesal de Rodríguez queda en manos de Daniel Campos Navas, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional.

No en vano, cabe recordar que, mientras en el caso del fiscal general del Estado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado, en diferentes ocasiones y por distintas vías, el borrado «deliberado» de los móviles y cuentas personales de correo de Álvaro García Ortiz, no así en el caso de su subordinada, la titular de la Fiscalía provincial de Madrid. De hecho, las conversaciones cruzadas entre ambos por Whatsapp, y de Rodríguez con otros miembros de la Institución, han servido para situar el cronograma de los hechos que están siendo investigados, así como identificar a los presuntos participantes en los mismos y su grado de implicación.

Así las cosas, ante el juez Hurtado, la propia fiscal reconocía que todas sus actuaciones se habían orientado en cumplir las órdenes recibidas de su superior jerárquico, García Ortiz, en la famosa noche del 13 de marzo de 2024, en la que sacó al fiscal Julián Salto de un partido de fútbol, al que asistía en el estadio Metropolitano, para que le enviase todas las comunicaciones cruzadas con el abogado tributario de González Amador.

«No se me dieron explicaciones, sólo instrucciones», escudándose en el «imperativo legal» que rige en la estructura jerárquica de la Fiscalía para negar que hubiese tenido el «dominio del hecho» en ningún momento y, con ello, salvar su posible responsabilidad penal en lo ocurrido.