Canarias lleva año y medio ocultando datos sobre los menores inmigrantes que intercambia con Sánchez

Pedro Sánchez quiere imponerle a todas las Comunidades Autónomas, menos a Cataluña, cuotas obligatorias de recepción de migrantes y de menores no acompañados; pero él no cumple con las propias, hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha tenido que amenazarle con multas y ponerle un plazo de treinta días para que atienda a los mil menas solicitantes de asilo.

Y tampoco puede decirse que el presidente de Canarias sea el colmo de la transparencia, al menos a tenor de los sorprendentes datos sobre la gestión de miles de menores de edad llegados a las islas y sus acuerdos con la Moncloa, sobre los que pesa un manto de opacidad. Hasta ahora.

Clavijo lleva meses lamentando que «unos y otros» sigan echándose las «culpas» en Madrid respecto a los menores extranjeros no acompañados, mientras Canarias «sigue sola» abordando la situación migratoria. Una afirmación que entraña parte de verdad, pues las islas están desbordadas por la llegada continua de inmigrantes.

Sin embargo, el gobierno canario lleva más de un año ocultando los documentos y las posibles soluciones que ha ido intercambiando con el Gobierno de Sánchez acerca de los miles de menores no acompañados que llegan a sus costas. Ahora, tendrá que explicarlo por imperativo legal.

De hecho, desde enero del pasado año el Gobierno canario se ha negado a hacer públicas las quejas que ha remitido al «Gobierno de España, poniendo de relieve la insostenibilidad de la situación actual y comunicando las necesidades del Gobierno de canarias para una adecuada y urgente atención a los menores».

Del mismo, modo tampoco ha explicado las respuestas y soluciones ofrecidas por el Gobierno de España a las peticiones del Gobierno canario, ni ha remitido una «relación cronológica de los informes realizados por el Gobierno de Canarias, desde que comenzó la llegada de menores inmigrantes, valorando y cuantificando la situación de dichos menores y comunicaciones sobre los mismos sostenidas con el Gobierno de España».

En su lugar, y pese a que ya el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, le obligó, en virtud de la resolución R2024000153 dictada el pasado 25 de junio, a hacer públicos dichos informes, la directora General de Protección a la Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, se limitó a decir que «las actuaciones de este Centro Directivo en referencia a la situación de la infancia y la adolescencia migrante en Canarias se llevan a cabo en el marco de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se aborda el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias, lo queda reflejado en las actas redactadas por el Ministerio competente en la materia», sin más detalle.

Por ello, los servicios jurídicos que asesoran a este periódico volvieron a recurrir ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, que una vez más ha vuelto a dar la razón a El Debate, y ha ordenado al Gobierno canario remitir la documentación solicitada, en la resolución R2025000219 de este 26 de mayo, en el que, además, recuerda a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que de no hacerlo, estaría incurriendo en una infracción grave/muy grave de las previstas en el artículo 68 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

El electoralismo de Sánchez

Mientras tanto, el Gobierno ha ido poniendo parches en forma de solución, con un único fin: beneficiarse electoralmente. En el caso de los menores no acompañados, se saldó con la aprobación de un decreto ley para la reforma de la ley de extranjería y propiciando una fórmula de distribución obligatoria, previo acuerdo político con Junts, en base a unas pautas que beneficiarían a Cataluña y País Vasco, puesto que podrían alegar que sus centros están saturados.

De hecho, en función de estos criterios, en los que se ha tenido en cuenta el peso poblacional, pero también el «esfuerzo» que ha hecho Cataluña en los últimos años, según señalaron, las primeras estimaciones hablaban de que llegarían entre 20 y 30 menores a Cataluña de los 4.400 que debían repartirse, mientras que a Madrid se preveía que llegasen 700.

Por ello, algunas comunidades autónomas como Extremadura, Madrid, Aragón o Cantabria han recurrido este decreto ante el Tribunal Constitucional que ya está estudiando su legalidad, pues estas autonomías consideran que vulnera preceptos constitucionales e invade competencias autonómicas.

Además, mientras que el Gobierno intentar endosar a las autonomías la responsabilidad de atender a todos estos menores, se sacude de la suya en la causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo, después de que éste ordenase a la Administración del Estado el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de 1.008 menores ante la «situación de hacinamiento» en la que se encuentran.

El Gobierno sigue sin cumplir la orden del Supremo

Sin embargo, en la vista celebrada este 29 de mayo, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno central, ha reconocido que desde el pasado marzo «no ha podido evaluar individualmente» a ninguno de los menores migrantes no acompañados que pidieron asilo en Canarias. Según ha dicho, es porque está a la espera de que el Gobierno autonómico le envíe cierta documentación, por lo que «no se ha realizado todavía ninguna medida de acogida».

Algo que entra en contradicción con lo que ha sostenido la representante legal del Gobierno canario, que ha contestado en la vista que dicha información ya está en manos de la Administración del Estado, en concreto, de la Policía Nacional, porque se les envía cuando se registra la manifestación de la voluntad del menor de solicitar protección internacional.

Durante sus alegaciones, la Abogacía del Estado ha indicado que no tiene constancia de los 1.008 migrantes menores no acompañados solicitantes de asilo a los que hace referencia el mandato del Supremo. Según ha indicado, tras cruzar datos con el Ministerio de Interior, del total de 5.600 menores no acompañados de los que ha informado Canarias, solo 762 han pedido protección internacional.

Al margen, el Ejecutivo central ha manifestado que no existen recursos disponibles para atender a dichos menores, toda vez que los centros de acogida actuales están acondicionados únicamente para atender a adultos. Según ha reconocido, no hay infraestructuras que permitan alojar a los menores no acompañados en espacios separados de los adultos, ni hay personal capacitado para brindarles asistencia 24 horas, como requiere la ley.

Por ello, al verse en esta situación en el Tribunal, el Gobierno envió ‘in extremis’ un protocolo al Gobierno canario para dar asistencia a los menores migrantes solicitantes de asilo, pero que no cuenta con el visto bueno de Ejecutivo de Clavijo pues «lo han hecho solo ellos», «no han contado» con el archipiélago y, «desde luego, no los integra».

Algo que el Supremo no considera suficiente y ya ha informado al Gobierno del «claro incumplimiento» de la medida cautelar acordada el 25 de marzo pasado, al no haberse evaluado a ningún menor en los dos meses transcurridos, y ha avisado de que si vuelve a desoír sus órdenes adoptará medidas coercitivas.