La Guardia Civil implica a Cerdán en un intento de borrado masivo de pruebas para evitar ser vinculado a la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un demoledor informe que compromete directamente al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que vincula no solo con el reparto territorial de contratos públicos amañados sino también con intentos deliberados de borrar pruebas para evitar ser relacionado con la trama encabezada por José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Según el informe de la UCO, al que ha tenido acceso El Debate, los investigadores han hallado «indicios sólidos» de que algunos de los principales implicados en la adjudicación presuntamente fraudulenta de obras públicas intentaron eliminar conversaciones, registros y huellas digitales de sus dispositivos una vez comenzaron los registros judiciales y las detenciones. Entre los nombres que aparecen mencionados en ese contexto está el de Santos Cerdán, quien habría sido advertido de que las comunicaciones con ciertos empresarios podían comprometerle.

«El borrado de pruebas fue selectivo y ejecutado tras conocer el inicio de diligencias judiciales», recoge textualmente el documento remitido al Tribunal Supremo. Los investigadores subrayan que el contenido eliminado afecta a conversaciones con empresarios adjudicatarios de contratos millonarios, y con otros miembros del entramado político que operaba desde el ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos.

El informe detalla, además, que Koldo grabó en secreto varias conversaciones con Ábalos y con el propio Cerdán, en las que se discute sobre «cantidades pendientes de abono» relacionadas con obras adjudicadas a Acciona, OPR y LIC. En una de esas grabaciones, de fecha 21 de enero de 2021, Koldo y Cerdán mantienen una conversación tensa en la que el primero le exige que «cumpla con lo acordado» y le reprocha que no haya gestionado correctamente el pago de «lo de Murcia, Sevilla y Logroño».

Los investigadores consideran que el papel de Cerdán no fue ni secundario ni tangencial. Al contrario, «en las comunicaciones interceptadas, Cerdán es mencionado como la persona que tiene el control político del norte del país y como el encargado de desbloquear los pagos a los intermediarios», según recoge el epígrafe 8 del informe.

Pero el párrafo más revelador del informe es en el que se afirma que «los investigados trataron de borrar rastros de las comunicaciones una vez trascendieron los registros». Y añade: «Ese patrón de conducta pone de manifiesto un conocimiento claro de la ilicitud de los hechos y una voluntad de ocultar su participación, especialmente por parte de Santos Cerdán, cuya posición institucional podía verse gravemente afectada".

El informe también sostiene que la supuesta influencia de Cerdán era algo habitual en el tiempo. Ya en 2017, habría sido él quien colocó a Koldo como chófer de Ábalos, maniobra que más tarde se transformaría en un puesto de asesor personal cuando el dirigente valenciano accedió al ministerio de Fomento. Esa relación triangular —Cerdán, Koldo y Ábalos— habría sido la base de la estructura corrupta que, según la UCO, manipuló adjudicaciones públicas por valor de cientos de millones de euros.

En uno de los apartados más explosivos del documento se menciona que «Santos Cerdán habría resuelto un conflicto con el empresario Víctor de Aldama haciendo entrega de 15.000 euros en efectivo», a raíz de una disputa por una licitación en el norte de España. Aldama aportó documentación y un escrito titulado «Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos y su distribución territorial», en el que se menciona expresamente a Cerdán como responsable de ciertas zonas geográficas dentro del esquema.

La UCO concluye que aún restan al menos 450.000 euros en pagos pendientes vinculados a obras adjudicadas a Acciona en Murcia, Sevilla, Logroño y Sant Feliú de Llobregat, y que esas cantidades «fueron gestionadas por Santos Cerdán en calidad de garante político del reparto de beneficios».