La Guardia Civil halla 7 evidencias que apuntan a que parte de las mordidas sirvieron para financiar de manera encubierta el PSOE

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la red de mordidas que salpica a altos cargos del PSOE no se limita a destapar un esquema de enriquecimiento personal. En su informe, los agentes desgranan hasta siete evidencias que apuntan a una posible financiación encubierta del PSOE mediante retornos económicos de adjudicatarios públicos durante la pandemia. No se trataría, lo por tanto, de un caso de corrupción aislado sino de una maquinaria estructurada y vinculada a las necesidades internas del partido.

La primera evidencia se encuentra en una frase recogida en una conversación intervenida entre un empresario adjudicatario y un intermediario político: «Cumplí con lo acordado por el partido». Para la Guardia Civil, esta expresión sugiere que los pagos no se dirigían a individuos concretos sino que formaban parte de una estructura pactada con instancias del PSOE. La literalidad del mensaje resulta clave para sostener la hipótesis de una financiación encubierta de la formación política.

A continuación, aparece una segunda prueba contundente: «Esto no es para nosotros, es para el partido». De nuevo, la referencia no es a Koldo García ni a Santos Cerdán como beneficiarios individuales, sino al PSOE como receptor final. Los agentes interpretan este tipo de afirmaciones como indicios de una posible «caja B» interna, destinada a financiar actividades fuera del circuito contable legal.

La tercera evidencia está en el reparto territorial de los retornos, coordinado directamente por Cerdán. En el informe aparece un esquema organizativo que detalla cómo se repartía el control de las mordidas por zonas. Según ese documento, Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y número tres del partido, era el encargado de supervisar ciertos territorios mientras Koldo García gestionaba otros. Esta distribución geográfica de los pagos, en paralelo al reparto político del PSOE, refuerza la sospecha de que los fondos no eran simplemente fruto de comisiones personales sino que podían estar destinados a sostener la estructura territorial del partido.

La cuarta evidencia se desprende de otra de las escuchas clave: «Hay que cumplir con el partido». La frase no solo transmite la idea de que existía una obligación interna, sino que desvincula el pago de cualquier acuerdo personal. Para la UCO, este tipo de afirmaciones alejan la sospecha de lucro individual y refuerzan la tesis de un uso estructural del dinero ilícito. Una quinta prueba aún más comprometedora aparece en otra intervención: «Yo ya le cumplí a Santos y al partido lo que prometí». La UCO interpreta esta declaración como una referencia clara a pagos vinculados a contratos públicos. No solo se menciona al alto cargo socialista sino también a la formación política en su conjunto como destinataria del retorno económico.

La sexta evidencia surge de varias conversaciones grabadas donde los empresarios justifican sus pagos con expresiones como: «Me dijeron que esto era para el partido». Estas declaraciones, reforzadas por el contexto de adjudicaciones irregulares, sugieren que los empresarios sabían de antemano el destino final de sus «aportaciones». El informe refleja que estas entregas no tenían respaldo documental ni justificante legal alguno, y que se justificaban únicamente como «colaboraciones». Finalmente, la séptima prueba aparece en una expresión especialmente comprometida: «Esto viene de arriba». La UCO interpreta esta frase como un indicio de que la estructura de la trama no terminaba en los intermediarios. Según los investigadores, este tipo de comentarios revelan que los implicados entendían que la operativa tenía respaldo o conocimiento desde niveles superiores del partido.

Una red piramidal

El informe policial no se detiene en recoger este tipo de frases. También traza una arquitectura interna que, según los investigadores, podría haber estado diseñada para desviar fondos hacia finalidades políticas. La existencia de pagos sin trazabilidad, la emisión de facturas falsas de asesoramiento y el uso de aplicaciones cifradas como Signal para blindar las comunicaciones refuerzan el carácter estructural de la red. Cerdán aparece en los documentos como vértice político de la trama.

En una conversación clave con Koldo, este le detalla cómo se cobraban mordidas mediante facturas ficticias a empresas adjudicatarias, y Cerdán responde con frialdad: «Es un tema de facturas». Para los investigadores, esta naturalidad prueba que conocía y avalaba el método. En el mismo diálogo, se mencionan contratos millonarios de mascarillas y se reconoce que ciertos terminales móviles eran tirados o abandonados para evitar escuchas.

La Guardia Civil considera que las comisiones ilegales cobradas durante la pandemia pudieron terminar financiando estructuras del PSOE. Las múltiples referencias al «partido», al «compromiso con el partido» o a la necesidad de «cumplir con el partido» han sido destacadas como elementos de especial valor probatorio. Aunque el informe no formula aún una acusación formal de financiación ilegal, sí recoge y analiza con detalle estas siete pruebas, que en su conjunto construyen un relato coherente. Una red de cobro de mordidas coordinada políticamente y orientada no solo al enriquecimiento personal sino al sostenimiento económico del PSOE.